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A quienes les molesta ver cómo Colombia ha perdido su autonomía constitucional y vive dependiendo, sumergida y hasta regañada por lo que le dictan comisiones y tribunales extranjeros, pretendidamente defensores “de derechos humanos”, invocando legislaciones “interamericanas” que ningún colombiano ha votado, esta noticia puede ser interesante.
Estalló hace unas semanas una importante batalla jurídica entre el Tribunal Constitucional de Alemania y la Comisión Europea. También en el Viejo Continente los países están bajo la presión y la férula, muchas veces abusiva, de Cortes y comisiones internacionales.
Lo que ocurre es que el Tribunal Constitucional de Alemania, el equivalente de la Corte Constitucional de Colombia, no quiere seguir aceptando eso de que la Constitución alemana es inferior a los dictados cada vez más injerencistas de la Comisión Europea.
La querella comenzó el 5 de mayo de 2020 cuando el Tribunal Constitucional de Alemania, conocido como la Corte de Karlsruhe, que integra los magistrados más prestigiosos de Alemania, dijo dos cosas: 1.- Que el Banco Central Europeo (BCE) abusó de su poder al financiar las deudas de los Estados de la UE pues el texto constitutivo de ese banco no otorga ese derecho. 2.- Que la Corte Europea de Justicia, con sede en Luxemburgo, cometió un exceso o abuso de poder al validar la compra de obligaciones públicas (Quantitative easing) pues tal política va más allá de la competencia prevista por los tratados de la Unión Europea.
La respuesta de la Comisión Europea no tardó. A comienzos de junio de 2021, lanzó un procedimiento contra Alemania y su Corte Constitucional para que la Corte de Luxemburgo diga si la Corte de Karlsruhe tiene razón o no. Los expertos pronostican que la respuesta está cantada: que la Corte de Luxemburgo se pronunciará contra el punto de vista de la Corte de Karlsruhe.
El fondo de la querella es a la vez jurídico y político: el Estado-nación alemán, la principal economía de Europa, acepta cada vez menos las ambiciones uniformizadoras de los pueblos que impulsa la actual Comisión Europea.
El fundamento filosófico del Tribunal de Karlsruhe es que no hay una nación europea. Esos magistrados estiman, con razón, que no hay un pueblo europeo sino varios pueblos en Europa, y que, en consecuencia, no puede haber un derecho europeo único y una democracia dirigida desde la Comisión Europea.
En Europa, en efecto, hay franceses, alemanes, españoles, ingleses, italianos, húngaros, poloneses, etc. No hay un pueblo europeo, ni una nación europea. Y en materia de derecho europeo sólo puede haber lo que los Estados le conceden o le ceden expresamente a la Unión Europea.
Tal visión no es compartida por Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, quien entre otras cosas no ha sido elegida sino designada para ese cargo por los Estados. Ella declaró que la última palabra en materia de derecho está en Luxemburgo y no en otra parte.
La polémica es importante pues el resultado final de ésta tendrá consecuencias de vasto alcance: si la tesis de Ursula von der Leyen sale ganadora tendremos una Unión Europa que se apropia de cada vez más derechos en diferentes materias, no solo del campo económico sino del área jurídica y constitucional. Eso generará una resistencia más enérgica de los soberanistas contra esa perniciosa tendencia.
Las Constituciones y las Cortes Constitucionales de cada país serán definitivamente inferiores a la Corte Europea de Justicia y ésta podrá declararse competente para definir y decidir cada vez más temas nacionales, lo cual es contrario a los tratados fundadores de la Unión Europea y a la democracia.
De hecho, hay ya numerosos litigios de la Comisión Europea contra otros Estados miembros de la UE, basados en la supuesta superioridad de las decisiones europeas. La CE acusa sobre todo a países que defienden su identidad nacional, por ejemplo, como Hungría y Polonia, naciones son muy celosas en eso de preservar su soberanía pues la perdieron durante varias décadas bajo el yugo de Moscú. La Comisión Europea, por ejemplo, le crea ahora pleitos a Hungría por no abrir sus fronteras a las olas de migrantes de Medio Oriente y por tratar de preservar su sistema universitario. Le hizo lo mismo a Dinamarca porque éste quiere devolver a los emigrados de Ruanda que piden asilo. Incrimina a Grecia por no hacer leyes contra el revisionismo. En fin. El punto es que esos temas tienen que ser resueltos por los gobiernos y parlamentos de cada uno de esos países. Son asuntos que no tienen que ver con las competencias de la Corte de Justicia de Luxemburgo ni con los poderes de la Comisión Europea.
Una decisión en el sentido que quiere Ursula von der Leyen reforzaría la desviación federalista de la Comisión Europea, la cual obra como si la Unión Europea fuera una construcción histórica semejante a la Estados Unidos, lo cual nada tiene que ver. Ese enfoque de la CE tiende a evaporar las soberanías nacionales de los países de la UE para poder imponer de contrabando unos ideales minoritarios que los pueblos rechazan, como la inmigración de poblamiento, el multiculturalismo, el feminismo extremista, la ideología LGBT, etc.
Lo que está en juego es eso: dislocar las soberanías nacionales y los poderes democráticos de los países que integran la Unión Europea.
Valdría la pena, a la luz de estos episodios europeos, examinar de nuevo los fundamentos teóricos y el papel y los propósitos que avanzan discretamente en el continente americano organismos tan parcializados políticamente como la CIDH, la cual acaba de difundir un informe desequilibrado y sectario contra Colombia, lo que ha escandalizado a la opinión pública y obligado al ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a lanzar una tímida respuesta.
8 de julio de 2021