"No veo lo histórico ni lo trascendental del acuerdo": Lafaurie

“Antes de contestar cualquier pregunta frente a estos primeros resultados de las negociaciones en La Habana, es necesario reiterar que los ganaderos siempre rechazamos la negociación del desarrollo rural integral con las Farc. Pero, en gracia de discusión, pensamos que no se necesitaban seis  meses de negociaciones ni un acuerdo formal con la guerrilla para comprometerse a cumplir lo que al Gobierno le corresponde por mandato constitucional: generar desarrollo y bienestar para los habitantes del sector rural y proteger especialmente la producción nacional de alimentos”.

Con estas palabras, el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, sintetiza la posición de los ganaderos respecto al mal llamado acuerdo -´Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral´-, anunciado como el resultado muy positivo del primer punto de la agenda de negociaciones con las Farc en La Habana, sobre el cual Lafaurie Rivera, quien se ha caracterizado por su posición radical contra este proceso, amplió sus opiniones en entrevista para este diario. (Lea: "El acuerdo alcanzado con las Farc es desafortunado": Lafaurie)

CONtexto ganandero (CG): ¿Por qué tilda usted el Acuerdo como boletín de prensa?

José Félix Lafaurie Rivera (JFL): Porque no es más que eso. Es frustrante que, después de seis largos meses, lo que se le presentó al país con bombos y platillos no es más que un boletín de prensa y no el acuerdo, que siguió quedando para el secreto de las negociaciones, con sus salvedades puntuales y sus pendientes. Había que decir algo, y algo se dijo, pero todavía no sabemos qué exactamente.

No conocemos el alcance que tuvieron en el acuerdo las exigencias que la guerrilla ha hecho públicas, ni el que tuvieron los compromisos concretos que el Gobierno se resiste a revelar, más allá del listado de buenas intenciones del boletín.

CG: Pero se habla de que se construyeron acuerdos sobre el acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de la propiedad, y sobre la frontera agrícola y protección de zonas de reserva, entre otros

JFLR: Sí, de todo eso se habla en el boletín. Pero, ¿qué se dice concretamente sobre cada tema?, ¿Cuáles son las estrategias, los tiempos, los recursos? ¿Quién los conoce? El acuerdo sigue siendo una caja negra en poder del Gobierno, de la cual nadie conoce su contenido.

De uso de la tierra, de tierras improductivas, de formalización de la propiedad, de frontera agrícola y de protección de los pequeños productores hemos hablado los ganaderos durante años. Nuestra propuesta de reforma catastral está sobre la mesa, pero nunca hemos encontrado una respuesta en políticas públicas coherentes y de largo aliento. No veo que ha cambiado para que ahora aparezcan la voluntad política y los recursos.

CG: Entonces usted, a diferencia del Gobierno y de muchos sectores de opinión, ¿no considera histórico el acuerdo sobre tierras y desarrollo rural?

JFLR: Primero, no son tantos, como usted piensa, los sectores de opinión que respaldan estas negociaciones. Los grandes sectores urbanos respaldan la paz en general -¿quién no?-, pero tienen más dudas que esperanzas, sobre todo cuando las Farc insisten en que no pagarán un día de cárcel, en que no son victimarios sino víctimas, y en que no reconocen el ordenamiento constitucional ni la justicia colombiana.

La gente del común también quiere la paz, pero rechaza a las Farc y no entiende por qué no anuncian el fin de la violencia como un gesto de voluntad de paz. Y si usted pregunta en el sector rural, también la paz es un anhelo, pero nadie acepta que se hayan negociado las condiciones de la producción rural con quienes la han destruido. (Lea: Dudas del sector agropecuario frente a lo pactado en La Habana)

Qué de histórico puede haber en reconocer la brecha entre el país rural y el urbano, si eso es verdad sabida. Es algo frente a lo cual los sectores legales de la producción rural, durante décadas y con insistencia, les han pedido soluciones a los diferentes gobiernos, sin que hayan sido escuchados. Qué de histórico hay en aceptar que se necesita infraestructura, educación, salud, crédito y asistencia técnica, entre otras muchas cosas, si siempre se han necesitado y el país y el Gobierno lo saben. Lo único histórico aquí, es la negociación entre un Estado legítimo y unos delincuentes internacionales. Lo único histórico es el pago por la seguridad que ya se había conseguido, al precio que las Farc quieran pedir por ella en la mesa de negociaciones.

CG: Usted parece irse ‘lanza en ristre’ contra el Gobierno

JFLR: No. De ninguna manera. Lo nuestro es una posición legítima que, además, comparten amplios sectores del país. Creemos en la paz, como reza el eslogan del Gobierno en la televisión, pero no creemos en la paz a cualquier precio. No creemos en la paz con impunidad; no creemos en la paz con las armas escondidas, por si acaso, como anunció las Farc;  no creemos en la paz sin reconocimiento y reparación de las víctimas. Y por su puesto, no creemos en las Farc como alta parte negociadora en asuntos tan sustanciales como la política de desarrollo rural. Si la política industrial y comercial se  negocia públicamente en el Congreso de la República, ¿por qué la política rural se negocia en secreto con delincuentes?

CG: ¿Qué le hace falta al Acuerdo?

JFLR: Tengo que insistir que al Acuerdo le falta algo fundamental: legitimidad. Pero frente a lo presentado a la opinión pública, yo diría que le falta, primero, lo que las partes mismas anunciaron que le falta, es decir, lo que calificaron con el eufemismo de “salvedades puntuales”, que son en realidad las grandes diferencias frente a la propiedad privada de la tierra, la gran producción empresarial, las zonas de reserva campesina, la inversión extranjera y la minería. (Lea: Las Farc esperan multiplicar zonas de reserva campesina)

Como esos temas quedaron “para después”, el Acuerdo, o más bien, el boletín de prensa, no hace referencia a los grandes latifundios de los grupos que han destruido al país: las mismas Farc, los paramilitares y el narcotráfico; ni habla de las inversiones legales que están haciendo grupos privados, tratando de crear una agricultura moderna y de generar desarrollo, tal como lo demandan las condiciones mundiales actuales.

¿Por qué quedaron esos grandes pendientes? Porque el Gobierno se sentó a negociar su visión del desarrollo rural con respeto a la propiedad privada, y las Farc su revolución rural expropiatoria de corte marxista. Y no es cuestión de semántica. La guerrilla quiere revivir la reforma agraria que quiso imponer por las armas con su Ley 001 de 1982, que limitaba la tenencia legal de la tierra y abolía las propiedades o concesiones de compañías extranjeras, petroleras, mineras, bananeras, madereras, etc. La guerrilla quería 9 millones de hectáreas en Zonas de Reserva Campesina con autonomía administrativa y control político, y aunque oficialmente no lo logró, no esta muy claro eso de que las zonas de reserva se “vigorizan", aunque sin la autonomía de la que gozan los resguardos indígenas.

CG: ¿Pero no le parece que la devolución y redistribución de tierras es algo positivo?

JFLR: Si, pero no es nada nuevo. Ya se empezó a hacer desde el Gobierno anterior con la Ley de Extinción de Dominio, y en este Gobierno, desde muy temprano, con la de Víctimas y Restitución de Tierras. Y en este tema es importante hablar, no ya de lo que le falta al Acuerdo, sino de lo que olvida el Acuerdo. Si volvemos a un modelo centrado en la redistribución de la tierra, se está olvidando el pasado de fracasos de las reformas agrarias del Incora y el Incoder, con resultados  que no cumplieron con su objetivo social de disminuir la pobreza rural, porque -lo hemos dicho muchas veces- la tierra sola no es factor de riqueza, si no está acompañada de las condiciones que se lo permitan: vías, crédito, riego, asistencia técnica, educación salud y un largo etcétera que hace la diferencia entre pobreza y bienestar.

Y si se persiste en un modelo que satanice la producción empresarial y no propicie las economías de escala a través de la asociatividad de los pequeños o de las alianzas con los grandes productores, entonces estamos desconociendo el futuro, o mejor, el presente, porque, para bien o para mal, el país ya ha adquirido compromisos internacionales a través de los TLC y, además, tiene el reto inmenso de competir por su propio mercado inclusive. Son retos y compromisos que no se van a deshacer por exigencia de La Habana.  

Desde ya lo advierto. Si se institucionaliza la política del minifundio improductivo y se sataniza la producción empresarial, se recrudecerá el cuadro de pobreza rural, que hoy ya es dramático, y se avivará una vez más la hoguera de la violencia. Habremos perdido el logro mayúsculo de la seguridad rural y seguirá sin saldarse la enorme deuda con el campo colombiano.

CG: ¿Cómo es el tema de la deuda social histórica?

JFLR: Sencillo. Cuando no se le “ha hecho conejo”, el campo ha sido tratado como moneda de trueque. Cuando se planteó el desarrollo hacia afuera, con la sustitución de importaciones, se prometieron instrumentos de modernización agropecuaria que nunca se cumplieron. Cuando se decidió convertir al desarrollo urbano en eje del crecimiento a partir de la famosa UPAC, también se prometió transformar la producción rural para abastecer a las nuevas grandes ciudades, pero esa segunda estrategia nunca se cumplió. Y para no ir más lejos, en la negociación de los TLC, específicamente con el de la Unión Europea, la producción lechera del país, que es mayoritariamente minifundista, fue entregada como moneda de cambio para responder a la posición ofensiva de los europeos y a los intereses de otros renglones de la producción.

Eso de la deuda con el campo no es un discurso retórico. Hoy, según cifras del DANE, el 47% de la población del campo es pobre y el 22 % vive en la miseria. Son cerca de 7 millones de pobres y 3 millones de colombianos que no tienen el mínimo para vivir dignamente como seres humanos.

Desde el punto de vista del ingreso, el del campo es solo una tercera parte del urbano, lo que le ha impedido desarrollarse y encontrar una mayor equidad y mejores niveles de desarrollo. Pero además, gran parte de esa pobreza y miseria, han sido propiciadas por las Farc, que llevan más de medio siglo destruyendo la riqueza rural. (Lea: Procurador acudiría a la Corte Interamericana de DDHH)

CG: Ahora que menciona los TLC, ¿cómo se combina las exigencias de la guerrilla con los Tratados y con el sector rural?

JFLR: El Gobierno ha promovido un modelo de desarrollo, que incluso no vaciló en denominar como la locomotora agropecuaria, fundamentado en la globalización mediante la firma de Tratados de Libre Comercio, en el que los productores rurales colombianos deberíamos competir con los productores rurales de otros países -inclusive no de tú a tú, sino en condiciones más desventajosas-, y sobre esa base muchos inversionistas le apostaron al desarrollo agroindustrial. Pero ahora, desde la mesa de negociaciones en La Habana, el Gobierno promueve que la producción y la seguridad alimentaria descansen en una economía de pequeña escala y de economía cerrada.

¿Qué va a pasar? Que no vamos a poder competir y Colombia, inevitablemente, en virtud de esos TLC, terminará inundada de productos alimenticios importados, sin que el Gobierno, ni las Farc, ni nadie lo pueda evitar, a no ser que nos convirtamos en un país paria que no honre sus compromisos internacionales. Ya lo hemos pronosticado con la ruina de muchos productores de leche, que pueden ser desplazados por las importaciones, a no ser que se acometa un proceso urgente de reconversión, que ya hemos solicitado a través de un proyecto de ley que entregamos al presidente Santos. México es un ejemplo de lo que puede suceder. Antes del NAFTA tenía 180 mil productores ganaderos, y hoy solamente tiene 30 mil.

CG: Pero finalmente, ¿es o no un buen inicio de las conversaciones?

JFLR: Una vez más. Cómo calificar el inicio de unas negociaciones que, a nuestro juicio, nunca debieron iniciarse. Pero le respondo. El país está esperando más, tanto por parte del Gobierno como de las Farc. Está esperando que las Farc devuelvan las tierras que despojaron y utilizaron para fines ilícitos, para ponerlas al servicio de los campesinos; está esperando que reconozcan y reparen a sus víctimas, la mayoría de ellas pobladores rurales. ¿Cómo transformar el campo sin esta reparación?

Los productores rurales están esperando las condiciones para sacar sus productos al mercado; que haya vías y que haya mercados también. Que exista el apoyo del Gobierno para tener una actividad digna y rentable, donde los altos costos de los insumos y del crédito, amén de los intermediarios, no se lleven todo el fruto de su trabajo. (Lea: Junta Directiva de Fedegán rechaza acuerdo agrario alcanzado)

Y que haya seguridad. La seguridad no es negociable ni tiene precio. La seguridad es la base para el desarrollo y para la paz. La seguridad la habíamos conquistado con mucho sufrimiento; no veo porque ahora estamos pagando por ella en una mesa de negociaciones ilegítima. No somos enemigos de la paz, pero esta no puede ser a cualquier precio, y menos, a costa del futuro del campo colombiano.