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Por - 21 de Febrero 2023
"El desconocimiento que tienen del sector y su dinámica ayuda a los radicales extremos del ambientalismo a satanizar nuestra actividad están siendo racistas y excluyentes con nosotros" (sic).
"El desconocimiento que tienen del sector y su dinámica ayuda a los radicales extremos del ambientalismo a satanizar nuestra actividad están siendo racistas y excluyentes con nosotros" (sic).
Este, uno de los últimos mensajes escritos en la red social Twitter por la Asociación de Armadores Pesqueros de Colombia (Asoarpescol), da cuenta de la situación que vive el sector de la pesca artesanal colombiana, particularmente en la zona de Buenaventura (Valle).
Al parecer, tras todos los mensajes publicados en el último semestre, este gremio no ha sido atendido por el gobierno, al que tiene mucho qué decir con respecto a la posición de los grupos medioambientalistas en contra de la pesca artesanal y sus intereses ecoturísticos, la vacancia en la gerencia de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), así como la expedición del decreto 281 del 18 de marzo del 2021, que “de un plumazo convirtió a los pescadores en delincuentes ambientales”, comentó el biólogo marino Otto Polanco.
Precisamente, el contenido del decreto en mención ya trascendió las fronteras y fue ampliado la semana pasada en una nota de prensa por el periódico británico The Guardian que habló del impacto de la prohibición de pesca de tiburones, rayas marinas y quimeras en Colombia.
La publicación destaca cómo esta prohibición, destinada a proteger a la población de las especies anotadas en declive, ha tenido un efecto perjudicial entre los pescadores locales que se han quedado sin una fuente de sustento, pues el decreto introdujo una prohibición general que criminaliza también la pesca artesanal, de la que depende la población local.
De todos modos, vale la pena tener en cuenta que los tiburones son cruciales para la salud de los ecosistemas marinos, pero sus poblaciones han disminuido rápidamente debido a la sobrepesca. Esta fue la razón para establecer dicha prohibición en Colombia.
“Sin embargo, tal decisión gubernamental ha tenido un costo que era insospechado para los pescadores locales cuyo sustento siempre han dependido de la pesca de tiburones”, indica Iñigo Alexander, responsable del artículo, los pescadores que antes capturaban y vendían tiburones, ahora son considerados como delincuentes y deben afrontar multas, y en el peor de los escenarios, ir a prisión.
La prohibición ha llevado a los pescadores a la pobreza. Pero por otro lado ha significado un aumento en el precio de la carne de tiburón, convertida ahora en un producto de lujo. Esta situación ha creado un próspero mercado negro para esta carne y sus precios son en verdad exorbitantes, por lo que muchos pescadores se arriesgan a infringir la ley para capturar y vender tiburón.
La pérdida de ingresos de los pescadores ha tenido un efecto dominó en la economía local, ya que se ha generado el cierre de muchas pequeñas empresas ligadas a la industria pesquera, tales como restaurantes y mercados que vendían esta carne.
Según The Guardian, la respuesta del gobierno a las preocupaciones de las comunidades locales no es clara y cita a un portavoz que defiende la prohibición, afirmando que era necesario proteger a la población de tiburones y que el gobierno ha brindado asistencia a las comunidades afectadas. Sin embargo, aclara que muchas comunidades locales sienten que la prohibición se impuso sin una consulta adecuada y que no recibieron el apoyo necesario para establecer una transición a otros medios de vida.
En conclusión, el artículo destaca la compleja naturaleza de los esfuerzos de conservación contra la necesidad de establecer un equilibrio entre las necesidades del medio ambiente versus las de las comunidades locales.
Si bien en Colombia es necesaria la prohibición de la pesca de tiburones para proteger su población en declive, tal decisión ha tenido un efecto perjudicial en los medios de subsistencia de los pescadores locales y de la comunidad en general.
No hay duda de que el gobierno debería trabajar en estrecha colaboración con las comunidades afectadas y brindarles el apoyo adecuado en pro de desarrollar medios de vida alternativos que puedan reemplazar los ingresos perdidos como consecuencia de esta prohibición, indica la nota de referencia.
La nota del diario británico puede consultarla aquí: theguardian.com
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