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Una niña herida, impotencia, dolor, preocupaciones, deudas y personas sin trabajo son algunas de las tantas secuelas que ahora debe afrontar una familia campesina, dedicada a la ganadería, en Córdoba, luego del despojo del que fue víctima. El predio de los Aya Montaña se encuentra ubicado en la parcelación de Mundo Nuevo, en el corregimiento de Nueva Lucía, en Montería. Un juez dio la orden de desalojo y afectó con ello no solo al grupo familiar, sino a los trabajadores de la finca. Luz Herlinda Aya Montaña, madre cabeza de hogar, campesina y ganadera cordobesa, aseveró ella es una víctima del Estado y que La ley 1448 de 2011 debe ser reformada en vista de que se está aplicando para favorecer a personas que se hacen pasar por víctimas y que se están aprovechando de los beneficios de la norma. (Lea: Uso indebido de Ley de Víctimas perjudica a dueños legítimos de tierra) “Eligen a cualquier propietario, le quitan su predio y no le reconocen nada por el terreno si la persona no demuestra la buena fe exenta de culpa, que es algo muy difícil de comprobar. Yo creo que el Estado debe mirar como arregla esta Ley porque puede ser muy buena, pero si se aplica como corresponde”, expuso. Ratificó que como todos los colombianos, los campesinos y ganaderos sí quieren la paz, pero que con lo que está haciendo el Gobierno, los está es llevando a la guerra. La madre cabeza de hogar señaló que es una campesina que compró sus terrenos hace más de 15 años y que ahora el Estado vino a decirle que le tenía que entregar sus propiedades a reclamantes que dicen ser víctimas del conflicto y que denuncian haber sido despojados. “Nosotros no hemos despojado a nadie. Todas las compras se hicieron de buena fe y los que fueron los anteriores propietarios deben ser conscientes de que las ventas se hicieron de manera legal”, aclaró. También dijo que aunque pueden existir víctimas, ellos saben que hay personas que se están haciendo pasar como tales, y que ahora ellos pasaron a serlo por cuenta de la Ley 1448 del 2011 y del Estado, pues les están quitando sus propiedades para reparar casos de los que ellos no son culpables. (Lea: Ganaderos son víctimas del programa de restitución de tierras) Escuche las declaraciones de Luz Herlinda Aya Montaña, víctima de despojo en Córdoba.
Aya Montaña dijo que a raíz de la pérdida de sus predios se va a ver muy afectada, porque de allí se derivaba su sustento económico y el de otras familias.
Apuntó que en su predio se dedicaba a la ganadería, le vendía leche a la industria y que ahora le va a tocar despedir los empleados de la finca porque no va a tener como pagarles.
De igual manrera, agregó que se siente preocupada y atada de manos puesto que actualmente tiene unos créditos con el Banco Agrario con hipoteca, de esos predios solicitados por la Unidad y que esa entidad le tiene abiertos 4 procesos.
“Yo soy una mujer madre cabeza de hogar, mi esposo tiene una enfermedad terminal, él tiene insuficiencia renal crónica y a mí me toca enfrentar la situación como la líder del hogar. En estos momento no tengo dinero y la Unidad nos va a dejar en la calle”, afirmó.
José Aníbal Aya Montaña, hermano de la víctima, campesino y ganadero, comentó que él y su familia trabajaban en la finca de Luz Herlinda hace más de 8 años y que todos se encuentran muy afectados y preocupados por la situación. (Lea: A los 80 años, campesino fue despojado de predio en Sabana de Torres)
Detalló que su hermana compró varios predios, que hace mucho tiempo fueron adjudicados a la familia Espitia Durango, a quienes el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, se los quitó debido al mal uso de los créditos.
“Los Espitia están reclamando las tierras diciendo que ellos fueron desplazados por las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y sobre ese caso se dictó una sentencia en contra de mi hermana a pesar de tener todos los papeles, escrituras en regla y testigos necesarios”, lamentó.
Añadió que en un primer intento de desalojo, el 28 de abril de 2016, ellos se opusieron y que luego en un segundo, el 19 de mayo del mismo año, este se llevó a cabo por un juez, que estaba en compañía de varios miembros de la Policía, que según él, excedió el uso de la fuerza.
El también campesino y ganadero relató que las autoridades arremetieron contra su familia, en lo que describe como “una batalla campal” y que además arrastraron una niña (hija de uno de los trabajadores que lleva laborando más de 15 años en la finca) que resultó con uno de sus brazos fracturados. (Lea: Productores del Carmen de Bolívar son víctimas de Ley de Restitución)