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Por - 07 de Junio 2017
La entidad que representa la Dignidad y Defensa Llanera en el aspecto de la propiedad, no ocultó su zozobra ante los efectos que puede ocasionar el proyecto de “Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales”, especialmente en la Orinoquía ante los inconvenientes que hay con los territorios.
La entidad que representa la Dignidad y Defensa Llanera en el aspecto de la propiedad, no ocultó su zozobra ante los efectos que puede ocasionar el proyecto de “Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales”, especialmente en la Orinoquía ante los inconvenientes que hay con los territorios. En días pasados, el exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde manifestó que la Ley de Tierras que viene promoviendo el Gobierno no solo afecta al sector primario de la economía, sino que puede generar otra clase de efectos en actividades ligadas a rubros como el minero-energético, y en general, a toda la sociedad. (Lea: “Ley de Tierras no solamente concierne al sector agrícola”: Lizarralde) Para el abogado y economista, la ocupación y el uso de la tierra no deben reducirse únicamente al sector agropecuario, porque se dejan de lado a otros actores que la necesitan, como los constructores o las empresas mineras. Cuestionó que haya políticos y líderes de opinión que desestiman el valor de la tierra, señalando que otros sectores aportan más al PIB. Según él, el petróleo ha sido el producto que más ha apalancado la economía del país en los últimos años y que tiene directa relación con el tema del uso de la tierra. Sin embargo, Lizarralde no es el único que tiene dudas sobre la iniciativa gubernamental, la Asociación para la Defensa y la Dignidad Llanera, Dignillanos, en cabeza de uno de sus voceros Douglas López Chaquea, quien mostró su preocupación ante la desinformación absoluta en la que están los campesinos de la Orinoquía en relación con el tema del ordenamiento de la tierra rural. (Lea: Catastro multipropósito, un cheque en blanco) Incluso lamentó que en la reunión de socialización que se llevó a cabo en Villavicencio en el mes de mayo, no hubiera estado presente ninguno de los senadores y representantes a la Cámara que tiene la altillanura, incumpliendo uno de sus deberes constitucionales. Pese a ese desinterés, señala que se debe tener la oportunidad de que se debata la parte sustancial de dicha jurisprudencia, para que los llaneros tengan la oportunidad de hablar de la propiedad y seguridad jurídica de la tierra, problemáticas que afectan especialmente a quienes no tienen formalizados sus territorios por inconvenientes como la mala prestación del servicio por parte de las entidades encargadas antiguamente como fueron el Incora e Incoder. “No habrá la fórmula mágica para que todos estén conformes, eso se debe tener claro. Hay varias situaciones jurídicas de la tierra entre las que se encuentran y excluyendo al que tiene su propiedad formal. Una de ellas puede ser la no explotación durante los 3 años siguientes, lo que deja un margen bastante preocupante porque a pesar de ser el dueño, el Gobierno no facilita las herramientas ni la estructura que requieren los campesinos para sacarle un mayor provecho”, argumentó. (Lea: Ley de tierras: dos proyectos pero un mismo fin) A eso le sumó el caso de aquellos que tienen su terreno y son denominados ocupantes de tierras baldías, pero que también son conocidos por el código civil como poseedores, ellos en 2 circunstancias tienen un panorama opuesto. Un terreno menor a la UAF los favorece mucho porque les van a titular el predio, pero los que tienen una tierra superior a lo que establece la UAF están a la deriva, hecho que no va a soportar nadie. “Mirando tantas injusticias que hemos tenido que sufrir los llaneros y ahora debemos agregarle eso que ya no son dueños de su tierra. El terreno que han tenido y con la conciencia de ser sus dueños, lo que se denomina el corpus y animus, esa parte es bien complicada. Lo peor es que los campesinos lamentan que les vayan a quitar sus territorios para entregárselos a grupos armados que nos han victimizado por muchos años, eso es absolutamente injusto. Esa es la parte más álgida”, remató. Concluyó diciendo que así como va haber amnistía para las empresas, también debería haberla para los campesinos que toda su vida han hecho patria. (Lea: Exsuperintendente de notariado no entiende razón de la ley de tierras)
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