Esto les propone la SAC a los candidatos presidenciales

El próximo domingo se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales y de cara a dicho proceso la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) presentó un documento sobre temas cruciales para el sector.

El documento denominado “3 recetas para desarrollar por fin el campo colombiano”, hace referencia a seguridad alimentaria, dotación de bienes públicos y definición de la política rural de largo plazo.

De acuerdo con lo señalado en el documento, la política agropecuaria en Colombia se ha caracterizado a través de los años, entre otras cosas por la ausencia de una visión de largo plazo, la priorización de los temas coyunturales sobre las necesidades estructurales del sector en la agenda del Ejecutivo, una evidente falta de articulación institucional, la politización de entidades oficiales que son estratégicas para el sector y, una limitada asignación de recursos públicos para inversión que no permite saldar las deudas históricas que existen con la ruralidad.

Sumado a lo anterior, la inseguridad en zonas rurales y la falta de una decidida provisión de bienes públicos se convierten en serios limitantes para el desarrollo y la competitividad de los productores agropecuarios colombianos.

En cuanto a lo primero, seguridad alimentaria, plantea que debe ser un pilar de la estrategia de seguridad nacional y debe contar con el apoyo del Estado para habilitar y garantizar la producción rentable de alimentos y su acceso por parte de la población más vulnerable.  (Lea: Elecciones: Pese a la incertidumbre y a las amenazas, la ganadería no se detiene)

Sostiene el informe que la pandemia, la crisis de las cadenas de suministro y la invasión de Rusia a Ucrania, han resaltado aún más el valor estratégico que el sector agropecuario tiene para cualquier país y para la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. Para la SAC y sus afiliados la seguridad alimentaria debe ser parte integral de la estrategia de Seguridad Nacional y es responsabilidad del Estado desarrollar los elementos habilitantes, como la seguridad jurídica de la propiedad rural, el crédito y aseguramiento agropecuario, una política nacional de insumos agropecuarios, entre otros, para garantizar la producción rentable de alimentos y su acceso por parte de la población más vulnerable económicamente.

Las tres crisis globales ocurridas durante los últimos 24 meses, que han derivado en un serio impacto a nuestro sector vía costo de insumos, obligan a diseñar e implementar estrategias sostenibles en el tiempo para que, en el marco de una economía de mercado, productores agrícolas y pecuarios cuenten con las herramientas necesarias para garantizar la oferta competitiva de alimentos en el corto y largo plazo, y que contribuyan a minimizar el impacto negativo de choques externos en la dinámica de producción de alimentos.

Respecto al segundo aspecto, la dotación de bienes públicos con sólidos compromisos presupuestales indica que será uno de los mayores dinamizadores del sector agropecuario y del empleo rural. Debe ser un compromiso del próximo gobierno para sacar del atraso al campo colombiano.

Asegura el documento que la sólida y permanente inversión de recursos del Estado en vías terciarias, seguridad, conectividad digital, distritos de riego, titulación de tierras y fortalecimiento de las entidades públicas, entre otros, puede ser uno de los mayores dinamizadores del sector agropecuario colombiano.

La decisión política de apropiar los recursos necesarios en el Presupuesto General de la Nación durante el próximo cuatrienio, así como de invertir los recursos necesarios que permitan la ley de regalías y el sistema general de participaciones, será fundamental para que su ejecución sea permanente y tenga un impacto real en dotar de bienes públicos a la ruralidad colombiana. (Lea: Y el Congreso… ¿qué?)

Frente al tercer punto, la definición de la política rural de largo plazo y su articulación con la institucionalidad agropecuaria, plantea que es preciso garantizar la estabilidad de las inversiones públicas y privadas y su impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de los 11 millones de colombianos que habitan las zonas rurales. Su enfoque debe ser tanto sectorial como regional.

Los cambios de gobierno no garantizan la estabilidad y el adecuado fondeo de las políticas públicas rurales. Para lograr tener un verdadero impacto en la competitividad sectorial, desatraso en la dotación de bienes públicos rurales, acceso a los mercados internacionales, fortalecimiento de la sostenibilidad, la lucha contra la pobreza y garantía del acceso a la alimentación, entre otros, es imprescindible diseñar e implementar los mecanismos legales y espacios de participación para que de la mano de la institucionalidad gremial agropecuaria, se garantice la construcción, puesta en marcha y seguimiento a la ejecución de la política pública rural.

El enfoque de esta política debe incorporar la realidad de cada uno de los sectores de la producción así como de las diferentes regiones en las que se desarrollan las actividades agropecuarias de nuestro país.

Para la SAC y sus afiliados, quien sea elegido Presidente de la República y los integrantes del próximo Congreso, se deben dedicar a diseñar y ejecutar políticas públicas que respondan a las necesidades de un sector que es estratégico para la seguridad nacional y que le ha cumplido a Colombia, garantizando la seguridad alimentaria en el marco de la pandemia, manteniendo el empleo y aportando a la estabilidad social en las zonas rurales de nuestro país.