El Gobierno nacional expide diariamente un estimado de 20 resoluciones, leyes y normas, algunas de ellas dirigidas al sector agropecuario; sin embargo, dirigentes gremiales indican que estas no benefician a los productores y que las que realmente se necesitan no existen.

En Colombia, la primera ley que se promulgó fue en el año de 1819, cuando se proclamó la Gran Colombia. Para el caso del desarrollo agrícola, una de las primeras leyes que se crearon para formar una sociedad rural fue la Reforma Agraria (Ley 200 de 1936), la cual según varios analistas, no funcionó.

La queja de los líderes gremiales en la actualidad no pasa solamente por la ausencia de normas que beneficen al sector, sino más por la gran cantidad de decretos y leyes que se han expedido y que no se cumplen en la actualidad. Lo que se logra con estos documentos, según los dirigentes, es "enredar el campo". (Lea: Aumento en rigurosidad de EE.UU. para comprar carne complica al país)

De acuerdo con Andrés Rafael Valencia Pinzón, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Fenavi, desde el año 2000 se han expedido 1.000 leyes de las mas variadas temáticas. Y entre 2012 y lo corrido de 2014 se han expedido el mismo numero de decretos. De hecho en Colombia se expide un decreto cada 20 horas. Eso sin contar las resoluciones, directivas y otras regulaciones del orden nacional y regional.

“La carga normativa castiga la competitividad de las naciones generando una brecha en el grado de desarrollo de los países. Este exceso regulatorio impacta la actividad económica en nuestro país y por supuesto las actividades agrícolas. En el caso de la avicultura existen una serie de normas que afectan directamente el desempeño del sector” indicó el dirigente de Fenavi.

Uno de los ejemplos que cita Valencia en su más reciente columna de opinión ‘El cerco normativo’ es la Ley 388 de 1997,la cual “deja abierta la puerta para que los municipios modifiquen el uso del suelo rural por medio de nuevos Planes de Ordenamiento Territorial. De esta manera, dicha Ley abrió una compuerta para que los alcaldes de turno revoquen la vocación rural y agraria de los suelos favoreciendo proyectos turísticos o de vivienda”.

Al respecto, Carlos Alberto Maya Calle, presidente de la Asociación Colombiana de Porcicultores, Asoporcicultores, indicó que el avícola no ha sido el único sector que ha tenido problemas con el POT, “esa norma le ha declarado la guerra de frente a los sectores pecuarios y con la herramienta de cambiar el Plan de Ordenamiento Territorial nos han ido sacando. Pero por ejemplo, la resolución 2640, que trata de los procesos de inocuidad, nos la han venido aplazando y no la hemos podido implementar”. (Lea: Presidente de Fenavi pide suspender Resolución 3642)

Otra norma que cita Fenavi, con la cual Rafael Mejía López, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, está de acuerdo es que no hay reglas claras en cuanto al tema ambiental. “No hay autonomía en la autoridad de las Corporaciones Autónomas Regionales. Siempre el problema es la certidumbre jurídica, en mi opinión no hay reglas de juego claras”. En palabras de Valencia: “las CAR se han convertido en ruedas sueltas en el manejo de la política ambiental y no es claro el control que ejerce sobre ellas el Ministerio de Ambiente”.

Por su parte, Álvaro Ernesto Palacio Peláez, gerente general de la Asociación Hortifrutícola de Colombia, Asohofrucol, señaló que el sector rural está lleno de normas que no ayudan a mejorar el agro y que al igual que otros productores, la producción de frutas y verduras no cuentan con una protección.

“No hay una norma que proteja el desarrollo agropecuario de Colombia, no se está protegiendo la producción de alimentos, a pesar de que hay una ley que dicta eso. Es que las leyes que se necesitan para el agro no están, y las que están, muchas no sirven”, afirmó Palacio.

El presidente de Fenavi indicó que “claramente el Gobierno debe revisar sus esquemas regulatorios a todo nivel y cómo ello impacta al aparato productivo nacional. Colombia quiere ingresar a la Ocde (Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico), un organismo que vigila muy de cerca las prácticas regulatorias de sus miembros. Pero para ingresar a este prestigioso club hay que pasar por un proceso de admisión y el aspecto regulatorio puede significar algunas balotas negras”. (Lea: Unificar normas de etiquetaje pide la industria de alimentos)