De acuerdo con el informe ‘Impactos Económicos del Cambio Climático’, elaborado por el DNP, si en el país no se realizan inversiones para disminuir las consecuencias que trae este fenómeno se verían afectados el PIB, el sector agrícola y la seguridad alimentaria.

El estudio ‘Impactos Económicos del Cambio Climático’, elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, muestra que Colombia debe planear su desarrollo sin omitir las consecuencias generadas por este fenómeno.

El DNP indicó que las entidades líderes de planeación deben adoptar una visión prospectiva a la luz del cambio climático, lo cual implica tomar decisiones que busquen reducir la vulnerabilidad futura de la economía.

De acuerdo con la investigación, liderada por la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible de la entidad, y que contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID; y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal; de no tomar acciones tempranas uno de los mayores impactos para el país sería la posible reducción anual del PIB. (Lea: ¿Cómo ayuda la ganadería a mitigar el cambio climático?)

Según el estudio, “si bien los cambios pueden darse de forma gradual y silenciosa, el análisis hasta finales del siglo muestra que las pérdidas para la economía serían importantes, si no se toman acciones oportunas. Al analizar efectos del cambio climático se encuentra que se podrían generar pérdidas permanentes del Producto Interno Bruto, hasta finales del siglo, que acumuladas serían equivalentes a perder cerca de 4 veces el PIB de 2010”. En otras palabras, el efecto económico total sería de $2.172 billones, si se tiene en cuenta que el valor del PIB en ese año fue de 4,3 %, es decir, $543 billones.

“Si implementamos acciones tempranas y con visión de largo plazo ante el cambio climático se reducirían los costos económicos por impactos futuros, aumentando la productividad del país, acelerando la lucha contra la pobreza y encaminando a Colombia en un crecimiento sostenible”, indicó la directora general del DNP, Tatyana Orozco de la Cruz.

En este sentido, la funcionaria precisó que el Gobierno nacional reconoce que la gestión ambiental es fundamental para lograr el desarrollo sostenible en Colombia, por lo que creó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y se aprobó la Ley 1523 de 2012 para adoptar una política nacional de gestión de riesgo de desastres.

De acuerdo con el informe, el sector más damnificado sería el agrícola, ya que la producción caería un 7,4 % y otro renglón importante que se vería afectado es el de la seguridad alimentaria.

El cultivo que más impacto negativo sufriría es el maicero, con una reducción del 21,6 % en promedio, seguido del papero con un 13 % menos y el arroz irrigado, que perdería el 0,9 % de rendimiento. (Lea: La tecnología, poderosa arma para garantizar la seguridad alimentaria)

Otro de los sectores afectados sería el de transporte, que con el estado de las vías y la volatilidad del clima pondrían en riesgo la actividad, reduciendo en 5,9 % la productividad del sector.

De acuerdo con la directora del DNP es indispensable generar procesos de adaptación con un enfoque climático, teniendo en cuenta la variabilidad y sus consecuencias, así como los retos que se imponen ante el desarrollo de la economía.

4 recomendaciones generales

La primera se basa en el mejoramiento del conocimiento sobre las relaciones entre el clima y la productividad de los sectores fortaleciendo la capacidad de las entidades públicas para capturar, procesar y disponer información climática, ambiental y sectorial, que permita la construcción de sistemas de información apropiados para gestionar riesgos asociados al clima. (Lea: Ideam buscará combatir cambio climático de los próximos años)

La segunda consiste en promover el desarrollo económico de los sectores para fortalecer su capacidad de adaptación y reducir los posibles impactos de fenómenos climáticos.

En tercer lugar está el desarrollo económico, que debe ir de la mano de la gestión ambiental con el fin de asegurar su sostenibilidad. La planeación del desarrollo debe considerar la conservación de estructuras ecológicas principales, permitiendo a los ecosistemas proveer servicios ecosistémicos que reducen la vulnerabilidad de la población y la economía.

La cuarta y última hace alusión agenerar procesos de ordenamiento territorial desde la mirada del cambio y la variabilidad climática. Por ejemplo, para el sector forestal la clasificación agro-ecológica del territorio a la luz del cambio climático podría identificar áreas potenciales para el desarrollo del sector. Por otro lado, la identificación de zonas de riesgo por desastres de origen climático debe ser insumo para las políticas de ordenamiento territorial.

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