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Hasta ahora, solo hay condenados por autoincriminación, entre ellos el exviceministro Juan Camilo Salazar, quién al parecer obtuvo para su familia política recursos, vía Ciencia y Tecnología dentro del citado programa, y la familia Dávila Fernández de Soto, el botón de muestra del escándalo.
La justicia no ha podido probar lo gordo del tema, esto es, el peculado. Al exministro Andrés Felipe Arias, en cuya acusación el Fiscal Martín Moreno anunció 543 pruebas en su contra, al cabo de dos años de cautiverio no ha podido probar una sola, sin embargo le fue negada la libertad porque, según el magistrado Hermes Lara, podía influir en sus propios testigos! Un flagrante abuso del derecho.
Contrasta esta actitud con la concepción del Fiscal General quién sostiene que las Farc, responsables de crímenes atroces de como la masacre de Bojayá, podrían no pagar cárcel.
Lo grave fue el veredicto mediático: AIS es sinónimo de corrupción. La justicia no ha podido establecerlo pero los jueces, en general, le tienen pavor a los medios. (Columna: La impudicia y la pobreza)
La razón de la desinformación radica en que sin conocimiento de causa concluyeron que “dineros para los pobres se habían desviado para los ricos” y que para acceder a los recursos establecidos en la Ley se habían fraccionado predios y otras sandeces por el estilo. Si hubieran leído la Ley 1133 de 2007 y los Términos de Referencia, (MADR – INCODER - IICA) para acceder a los recursos, habrían establecido que no hay mención ni de pobres ni de predios, que la referencia es a proyectos y en consecuencia sus aseveraciones sobre corrupción estaban soportadas en supuestos falsos. El objetivo real de la norma era recuperar la frontera agrícola y darle competitividad al recurso tierra con miras a la integración comercial establecida en de los tratados de libre comercio.
El escándalo AIS, que no tiene justificación jurídica como todo parece indicarlo, sí tiene connotaciones políticas. Recordemos el fuerte enfrentamiento de los ‘supremos’ magistrados de la Corte con el presidente Uribe, en el que pusieron la organización de justicia en contra del ejecutivo nacional.
Simultáneamente el paso de Vivian Morales por la Fiscalía General de la Nación en el que lo destacable fue la persecución contra todo lo relacionado con Uribe, como: Bernardo Moreno, exsecretario general de la presidencia, el comisionado Luis Carlos Restrepo y Andrés Felipe Arias, todos judicializados y a quienes no se les ha probado ninguna ilicitud no obstante la tozudez de su persecución.
Vivian Morales, como congresista, en lo crítico del proceso ocho mil -el del patrocinio del narcotráfico a la política, que tan alto costo han significado para la institucionalidad del país - fue la abanderada de las causas torcidas. (Columna: La Paz, un galimatías)
Agro Ingreso Seguro fue altamente benéfico para el campo colombiano y los dineros se destinaron de acuerdo con lo señalado por la ley, sostiene estudio de Econometría, firma de consultoría líder a nivel regional en proyectos de análisis económico y social. Si los dineros se invirtieron cumpliendo con lo preceptuado por la ley, no puede haber Peculado. Por otra parte, los involucrados en el escándalo, voluntariamente devolvieron los dineros.
Descartado el móvil judicial en el caso de Andrés Felipe Arias queda el interés político. Acudimos a los calificados servicios de Sherlock Holmes, para establecer el determinador del escándalo. La conclusion del investigador: “Someone inside the past government who was candidate too, intelligent, clever, stutters, back down easy, great influence in newspapers and magazines, fake…” del pasado gobierno, precandidato, Inteligente, sagaz, tartamudo, recula con facilidad, gran influencia en medios y no de fiar. ¡Elemental mi querido Watson!