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En su lucha contra los periodistas independientes, el gobierno de Juan Manuel Santos está acudiendo a métodos inhumanos. Lo que contaré aquí muestra que no exagero. Desde el comienzo de su mandato presidencial, Santos mostró su mal humor e incluso una cierta brutalidad verbal, contra la prensa y los periodistas que se atrevían a cuestionar sus actuaciones. El lanzaba picas e insultos a sus censores pero daba a entender que no iría más allá de la agresión verbal, pues él seguía siendo, al fin y al cabo, un jefe de Estado liberal y, por lo tanto, razonablemente respetuoso de los derechos humanos y de la libertad de la prensa.
Sin embargo, lo que acabamos de saber es que, insidiosamente, y a través de ciertos organismos estatales, él o sus colaboradores animan una especie de guerrilla soterrada e infame contra un periodista de oposición. Esa acción va más allá de la querella de palabras. Si exceptuamos la dictadura de Rojas Pinilla, lo de ahora no se había visto nunca antes en Colombia. (Columna: Persecución criminal de Santos a la libertad de prensa)
El 13 de noviembre de 2013, una mujer que se presentó como “psicóloga” del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) llegó intempestivamente al apartamento del conocido periodista Ricardo Puentes Melo, director editorial del portal web Periodismo sin Fronteras. Mostró tan rápidamente un carné con el logo del ICBF que el periodista no alcanzó a ver el nombre. Aunque carecía de autorización judicial, la mujer anunció que ella debía ver inmediatamente a los hijos de Ricardo pues él los estaba “poniendo en peligro” por lo que él escribe y denuncia como periodista. Agregó que, en consecuencia, el ICBF estudiaba la posibilidad de retirarles, a Puentes y a su esposa, la custodia de sus hijos y de alejar los niños de su hogar para “protegerlos”.
Asombrado, Ricardo Puentes repuso que ella podría ver a los niños pero que él grabaría la entrevista y que al final ella tendría que entregarle una copia del acta de la diligencia. La funcionaria replicó que eso era imposible, que se trataba de una “investigación secreta” que “solo podía ser vista por el ICBF”. Ante tal cúmulo de irregularidades, y tal salvajismo, el periodista le pidió a la mujer que saliera inmediatamente de su hogar.
Tres semanas después, la pesadilla continuó. Ricardo recibió una llamada de alguien que dijo hablar en nombre “del ICBF de Fontibón”. La voz le dijo que debía llevar su niña menor, Sarah, de 7 años, a ese despacho. ¿Para qué? ¿Por qué? Ninguna explicación. “Noté que no pidieron que llevara a mis otros hijos (de 12 y 10 años)”, nos cuenta Ricardo. “Como mis hijos están en peligro por las amenazas de muerte que recibo, pedí a mi interlocutor un acompañamiento policial para ese desplazamiento. Uno de mis niños, Alejandro, que hoy tiene 10 años, hace unos años estuvo a punto de ser secuestrado por desconocidos”. En efecto, ese niño fue “atrapado por dos individuos e introducido a un vehículo y sólo la acción de la ciudadanía impidió que se lo llevaran”, cuenta Ricardo. Como el ICBF no respondió a su solicitud de seguridad, el periodista no llevó a su hija. “La cita era para este 18 de diciembre”, explica. Dispuesto a cumplir la cita pero en condiciones de seguridad, Puentes le escribió al director del ICBF reiterando su petición, pero no obtuvo respuesta.
Ricardo Puentes se pregunta ahora cual será y cuándo la nueva represalia que ejercerá contra él y sus niños el ICBF, o el grupo que dice actuar en su nombre, por no ejecutar la misteriosa orden. (Lea: "La paz no se alcanzará firmando el fin del conflicto": Lafaurie)
El método de intimidar al periodista Ricardo Puentes, aterrorizando a sus hijos y a su esposa, comenzó, en realidad, hace casi dos años. Un día, a las 7 de la mañana, dos policías armados y uniformados llegaron al domicilio de ellos, en el centro de Bogotá. Eran un hombre y una mujer. Una camioneta de la policía los esperaba afuera. Ricardo cuenta lo que ocurrió: “Dijeron que si no los dejaba entrar tenían autorización para hacerlo a la fuerza. Una vez dentro de la casa, ordenaron que mis hijos bajaran y sin ningún recato los desnudaron. En un momento, traté de impedir que les quitaran la ropa. El policía se llevó la mano a su arma y me inmovilizó. Así fue como la mujer policía pudo desvestirlos. Los examinaron para ver si habían ‘sufrido maltratos’. Dijeron que alguien había denunciado que yo los golpeaba o algo así. Por supuesto, no encontraron nada irregular. Mis hijos, temblaban ante los dos uniformados, armados y agresivos. Estaban aterrados. La escena duró más de 20 minutos. Se fueron sin dejar constancia de nada, ni siquiera dijeron sus nombres. Afirmaron que estaban ‘haciendo su trabajo’, y que habían sido ‘enviados’ por el ICBF”.
Como no pudieron montar el escenario del periodista que “maltrata a sus hijos”, el ICBF, o el grupo que actúa en su nombre, modificó el 13 de noviembre su estratagema: acusó a Ricardo de poner “en peligro” la vida de sus hijos por su actuación profesional. El mensaje es terrible: si él no se calla, si no deja de investigar, escribir y criticar al gobierno y a las bandas terroristas colombianas, él podría perder la patria potestad sobre sus hijos.
“En otra ocasión me citaron a una sede del ICBF con los tres niños. Les hicieron pruebas de conocimientos, los interrogaron. Trataban de saber si sus padres les habían “vulnerado sus derechos”. Constataron que, por el contrario, eran niños amados y llenos de atención. En otra ocasión me citaron a otra sede del ICBF pero fui solo. Les dije que, por favor, dejaran de acosarme y de someter a mis hijos a esa tortura psicológica. Esa vez la psicóloga se comprometió a que, una vez hubiera una ‘queja anónima’ o como fuera, el ICBF tenía ya todas estas diligencias en un sistema, para que se pudiera comprobar y evitaran molestar a mis hijos. Obviamente no cumplieron esa promesa”, subraya Ricardo Puentes.
Tal intimidación persistente y de largo aliento es abyecta e ilegal. Ninguna democracia que se respete puede permitir que un órgano estatal, como lo es el ICBF, que debe respetar las reglas de derecho, utilice tales métodos, los cuales vienen directamente del universo policial totalitario, sobre todo del fascismo y del comunismo. (Columna: La marcha del 9 de abril y el Foro de Sao Paulo)
Los niños de Ricardo Puentes Melo quedaron muy afectados. “Mi hijo Alejandro vivía ya con cierta paranoia por el intento de secuestro que sufrió. Ahora el tiembla cuando ve en la calle a un policía”, observa el periodista. Irene, la mayor (hoy de 12 años), desde el día en que la desnudaron, siente temor frente a los extraños y mira con desconfianza a la policía. “Continuamente me pregunta si de verdad el presidente tiene derecho a alejarlos de mi lado, y si tiene derecho a llevarlos a un orfanato o entregarlos a otra familia”, evoca Ricardo. Y agrega: “Sienten mucha ansiedad cuando no estoy con ellos. Me dicen que me necesitan para que los proteja. Irene recuerda esa experiencia como algo humillante y abusivo”.
Ante esa persecución escandalosa contra el periodista Ricardo Puentes Melo, la prensa adicta a Juan Manuel Santos se hace la ciega y la sorda. Peor: las asociaciones de periodistas, como la FLIP de Bogotá y Reporteros sin Fronteras, de París, que usurpan el título de “defensoras de la libertad de prensa”, han sido informadas de que Ricardo Puentes Melo recibe graves amenazas y presiones. No han querido mover un dedo. Para ellas, Ricardo Puentes es un periodista “de derecha”. Para ellas solo existe una categoría de periodistas que deben ser defendidos: los de izquierda. Un periodista que no sea de esa capilla no existe, no es periodista, no merece ser protegido. Esas asociaciones deberán rendir cuentas un día por esa perversa actitud y esa traición a sus propios reglamentos.
El 4 de octubre de 2013, Ricardo Puentes tuvo otra sorpresa: Andrés Villamizar Pinzón, director de la Unidad Nacional de Protección, ordenó que le fuera retirada el esquema de seguridad que esa dependencia oficial, dependiente del ministerio del Interior, le brindaba a él y a su familia. La notificación de eso fue brutal: un grupo de hombres armados lo interceptó cuando salía de su apartamento y lo sacó del vehículo protegido. Un mes después, ocurrió el incidente de la incursión de la “psicóloga” del ICBF ya descrito.
“Mi hijo Alejandro estaba tan atemorizado que se negó a salir a saludar a la psicóloga y se refugió en su cuarto cubriéndose con las cobijas, con la esperanza de que no lo obligaran a enfrentar semejante situación. Estaba tiritando de físico miedo cuando fui a explicarle que yo jamás permitiría que les hicieran daño o que los alejaran de mi lado”, narra Ricardo Puentes acerca del episodio del 13 de noviembre pasado, en un memorial que envió al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, el 15 de noviembre de 2013.
Allí Puentes da este otro detalle importante: “La psicóloga se fue cuando le dije que iba a quejarme con la Procuraduría por el acoso del ICBF hacia mis hijos y hacia mi familia”.
Según lo investigado por Ricardo Puentes, la orden de hacer esa intimidación había sido dada por Margarita Martínez, una subdirectora del ICBF, la cual habría recibido a su vez una solicitud de la Unidad Nacional de Protección para que realizaran esa visita al domicilio del periodista. Para ello, la UNP habría dado la dirección del domicilio de Puentes, detalle confidencial que esa unidad no podía divulgar por la situación de riesgo que corre el periodista. (Entrevista: "A los criminales hay que enfrentarlos, no dialogar con ellos": Lafaurie)
En otras palabras, la UNP en lugar de proteger al periodista, organiza contra él actos de intimidación oficial. Ricardo Puentes estima por eso que él es víctima de una persecución del gobierno. “No contentos con quitarme mi esquema de seguridad debido a la denuncia que publiqué acerca del complot de las Farc para asesinar al Procurador General de la Nación y al expresidente Álvaro Uribe Vélez (y a mí mismo [Ricardo Puentes] por la labor que hago como periodista), ahora el gobierno, con el doctor Andrés Villamizar, director de la UNP, como principal impulsor de este acoso, pretende destruir mi familia, arrebatarme a mis hijos y hacernos víctimas de terrorismo psicológico para aplastarnos.”
Tales hechos fueron estudiados por Annette Tessmann, una activista alemana de derechos humanos, quien envió desde Berlín, el 8 de diciembre de 2013, una carta a María Eugenia Navarrete Forero, una directiva de la UNP, en la que protesta de manera enérgica por las intimidaciones que está sufriendo Ricardo Puentes Melo. Con toda razón, Annette Tessmann afirma: “En mi calidad de ciudadana europea, y en mi calidad de ciudadana alemana que conoció de cerca los abusos inadmisibles de la República Democrática Alemana (RDA), me permito decir que ante una actuación como la descrita, de naturaleza fascista-comunista, no voy a callarme.”
Ella subraya que esos métodos “son equiparables a los utilizados por la STASI de Alemania Oriental donde también se ejercía esa formidable presión sobre los ciudadanos y donde se utilizaba la sustracción de los niños de los supuestos ‘enemigos del Estado’”.
La militante humanista va a la esencia del asunto al enfatizar lo siguiente: “En el siglo XXI, la sustracción de menores por razones ideológicas, el retiro de la custodia de los hijos a sus padres para arreglar cuentas políticas con éstos, constituye para mí una forma abyecta de terrorismo de Estado”. Finalmente, la señora Tessmann emplaza al Gobierno de Santos a ser consecuente con lo que dice y su conclusión es demoledora: “El gobierno de Colombia no puede pretender convencer a las Farc mediante unas negociaciones de que pongan fin al reclutamiento forzado de niños y, al mismo tiempo, emplear un método similar contra un ciudadano periodista y a través de un instituto del Estado, como el ICBF.”
¿Qué significa todo esto? Una posibilidad es que dentro del ICBF haya una célula subversiva que se presta a operaciones represivas contra sus enemigos utilizando los recursos y el nombre de la institución. Por eso nadie da nombres, ni respeta la transparencia de los actos oficiales. Puede ser –lo que sería peor—que funcionarios están cumpliendo órdenes monstruosas. Ese riesgo se extiende a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional pues agentes suyos participaron, aparentemente, en algunas de esas operaciones destructivas.
La persecución contra el colega Ricardo Puentes Melo y su familia debe cesar de inmediato. Si el Gobierno del presidente Santos no pone fin a esa operación alucinante, y si la prensa adicta al régimen santista sigue silenciando este horrible ataque a la libertad de la prensa en Colombia, los periodistas en Europa tendremos mucho gusto en dar a conocer esta situación, con todos los detalles, y alertar a los verdaderos organismos encargados de proteger a los periodistas y a la prensa en el mundo.
El presidente Santos debería preguntarse si el acoso de periodistas indóciles y en particular contra Ricardo Puentes Melo, ayudará a Colombia a mejorar su deteriorada imagen internacional y contribuirá al propio Santos a obtener un día el premio Nobel de la Paz, tan soñado por él. Alguien que ha impulsado esas ofensas, o las ha dejado hacer, no podrá aspirar jamás a tal distinción.