El “continuismo de las políticas” –esguince que usó Santos para bajarle la temperatura al anuncio de su reelección–, puede leerse también como la oportunidad para asegurarle a las Farc, el tiempo indefinido que demanda el proceso de La Habana. Rompe el límite para negociar hasta “noviembre” y se convierte en “rehén” de la guerrilla que, ahora tiene entre manos su triunfo o derrota.

Tras estos erráticos pasos, la pregunta es cuánto más puede flexibilizar el presidente su postura en Cuba para alcanzar la reelección. Porque hasta donde sabemos, la “lista de mercado” de las Farc –cifrada en más de un centenar de exigencias, solo para el primer punto del desarrollo rural integral–, ha sido ampliamente revisada, según Iván Márquez. Pero, por supuesto, no se ve humo blanco, porque aún les falta llenar la canasta. Por eso, la decisión del presidente "libera" las negociaciones de "presiones innecesarias de tiempo… para construir un buen tratado de paz", en palabras de Rodrigo Granda. Aunque la cuenta, en términos reales no va por 6 meses, sino por 3 años. Pero quieren más y mayores ganancias, incluso por fuera de la agenda, como la “reforma” a las fuerzas armadas. (Columna: Nada en Santos es como parece)

Ahí es donde entra a jugar el aval a la reelección que otorgó el Canciller de las Farc. Un hábil favor político que no será gratuito y puede salirle costoso al país, en especial a la ruralidad. A fin de cuentas, el Gobierno adelgazó tanto la línea limítrofe entre su deber de gobernar y su dependencia de los diálogos de paz para reelegirse, que nadie sabe qué pueda pasar en el último tercio de esta administración y, peor aún, en una eventual prolongación de las negociaciones por 4 años más. Lo que parece no tener claro el Gobierno y su equipo de escuderos, es que 87 de cada 100 colombianos no le juegan a lo que se está cocinando de fondo en La Habana.

El real anhelo de paz, parece haber sido confundido con un cheque en blanco para girar todo a favor de los victimarios y eso no ha pasado desapercibido para los colombianos. Pero además, la opinión podría pasarle factura al Gobierno, justamente, por haber abocado una negociación con un grupo narcoterrorista, que no estaba incluida en su pasado proyecto de campaña y por el que no fue electo. El continuismo que entonces se buscaba era el de la Seguridad. Variación que, dicho sea de paso, lleva implícito un ingrediente de desconfianza sobre las preferencias que el electorado puede estar eligiendo realmente. (Lea: Casi la mitad de los colombianos tienen una imagen negativa de Santos)

No olvidamos que Pastrana y Uribe recibieron, desde distintas orillas, las presiones electorales de las Farc para acceder al poder. Pastrana, con la iniciativa de embarcarse en los diálogos del Caguán, con generosas concesiones. Uribe para hacerles frente y construir la política de Seguridad Democrática –una lonchera de la que muchos comieron y luego patearon–. Pero la ruleta volvió a girar y Santos que se eligió bajo las condiciones de Uribe, ahora intenta ser reelegido, bajo las mismas condiciones de Pastrana: dar continuidad a otra negociación. ¿Cuál será el precio en términos de concesiones, si en el pasado no fue suficiente con cederles la soberanía sobre más de 42 mil kilómetros cuadrados de patria? ¿Cuánto más puede costar esta etérea “Justicia Transicional”, para lograr el favor electoral de las Farc? ¿Qué tanto está dispuesto a transar este Gobierno en favor de los victimarios y en contra de las víctimas?

El anuncio de la reelección o del continuismo de las políticas, abre el abanico de las preferencias sobre las cuales tendremos que manifestarnos 47 millones de colombianos en las urnas. Pero desde ya la transparencia del proceso nace muerta, ante el oscuro escenario del “intervencionismo electoral” de las Farc. Fatídico inicio de la justa electoral.