/?w=256&q=100 "Alfonso Santana Díaz")
De acuerdo con las estadísticas del Dane (a enero de 2025), la población ocupada suma en los ‘centros poblados y rural disperso’ 4.8 millones de personas, de las cuales 2.5 millones se ubican en las actividades de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (el 50,7 %).
Desde otro ángulo, del total de personas ocupadas, cerca de 800 mil se encuentran vinculadas formalmente y un poco más de 4 millones entra en la clasificación de población ocupada informal que, de acuerdo a lo señalado por el Banco de la República, incluye a los asalariados y empleados domésticos que no realizan aportes a salud ni pensión como parte de su vínculo laboral con el empleador, así como a los trabajadores por cuenta propia y a los empleadores que están clasificados dentro del sector informal, y a los trabajadores familiares que no reciben remuneración.
Estamos hablando entonces de una gran población rural y de un gran reto, más exactamente del 83,2 %, cuyo futuro social es incierto si hablamos de lograr una pensión, o realizar aportes a salud y otros beneficios sociales. Combatir la informalidad ha sido, desde hace muchos años, una gran preocupación de gobiernos, empresarios y en general de empleadores y de los mismos trabajadores. Todos son conscientes de los problemas económicos que acarrea el no tener este frente cubierto. Las normas a este respecto son muy claras.
Sin embargo, dar ese paso de informalidad a formalidad no ha sido posible. Estudiosos señalan que un gran obstáculo ha sido la misma estructura laboral vigente, a la que catalogan de inflexible y que no se adapta a las realidades del campo, en donde un trabajador se ocupa en su propia parcela y recibe, a la vez, jornales de varios empleadores en un mismo lapso de tiempo o reciben subsidios del Estado que les estimula a vivir en esa condición.
Las soluciones están planteadas desde hace mucho tiempo, como la creación de un régimen laboral que reconozca las particularidades del campo. Tener trabajadores rurales bajo las condiciones de ley que se adecue a estas particularidades es un gana-gana, y así se va avanzando en la formalización.
Lo que se esperaba de una reforma laboral era precisamente que sirviera para reducir la informalidad y aumentar el empleo, es decir ampliar las oportunidades para que el país creciera y tuviera un mejor bienestar social, pero el objetivo del gobierno era otro, no menos importante, como buscar las reivindicaciones de los trabajadores y recuperar derechos adquiridos en el pasado, apuntaladas en una fijación doctrinaria –y hasta cierto punto revanchista–, que terminó en lo que terminó: enredando aún más el panorama laboral pensando que su solución a la brava, a través de una revuelta social, nos dejaría en un mejor escenario. ¿Cuál de las dos tendencias preferir?
No nos equivoquemos. No es muy difícil predecir que lo que nos corre pierna arriba es más desempleo e informalidad, porque una reforma laboral y la forma como tiene el gobierno proyectado para lograrla espanta cualquier iniciativa productiva –no sólo la externa sino también la interna–. Mirar el caso de nuestro país vecino es un buen ejemplo de cómo es muy fácil destruir riqueza y sí generar empleo improductivo. El gigantismo estatal es una estrategia perfecta para alcanzar ese logro.
