/?w=256&q=100 "Alfonso Santana Díaz")
Además del intríngulis jurídico y económico hacia el que ha evolucionado el tema de esta empresa de propiedad de la estatal venezolana Pequiven (75%) y de Colombia, adquiere importancia capital el tema de la productividad de la agricultura colombiana y la utilización de fertilizantes tanto agroquímicos como orgánicos.
Empecemos por esta última parte. La nutrición de los suelos es un factor relevante para elevar la productividad de los cultivos en la que los fertilizantes cumplen una función esencial. La producción de fertilizantes en Colombia se elevó a 1.9 millones de toneladas en 2023 (ICA, agosto 2024), y depende en alto grado de las importaciones de materias primas para producirlos.
Según esta misma fuente, las importaciones de fertilizantes sumaron un millón de toneladas (1.006.846), y se concentraron en urea, fosfato diamónico (DAP), fosfato monoamónico (MAP) y cloruro de potasio (KCL). El 75,4 % de estas importaciones se utiliza como materia prima para producir fertilizantes y el restante es producto terminado, y provienen principalmente de Rusia (24,4 %), China (16,7 %), Canadá (13,3), Estados Unidos (10,5 %) y Venezuela (9,2 %). En otros términos, el suministro de fertilizantes que usa Colombia depende de lo que ocurra en el entorno internacional (74,1 %).
Ahora bien. Se estima que nuestra agricultura consume hoy menos de la mitad de los fertilizantes de los que se requiere por diversas circunstancias; también se proyecta que esta demanda aumentará en forma importante al 2030 alcanzando una demanda de 3 millones de toneladas bajo la óptica del gobierno de combatir el hambre y convertir a Colombia en potencia mundial de la alimentación. Para esto el gobierno ha propuesto aumentar las áreas de producción agrícola, entregar tierras a través de la reforma rural, y zonificar la producción agrícola bajo la dirección del Estado que se materializará a través de las AEIPDHA (Áreas de Especial Interés para Proteger el Derecho Humano a la Alimentación), las APPA (Áreas de Protección para la Producción de Alimentos) y las ZPPA (Zonas de Protección para la Producción de Alimentos). Aquí cabe una reflexión: producir para el consumo local, sustituir importaciones y exportar, tiene sus bemoles, porque el modelo se debe soportar en una estrategia sostenible que garantice eficiencia, rentabilidad, y, por supuesto, la competitividad que ello comporta.
Ante esta visión y frente a la dependencia de importaciones para producir fertilizantes es decisivo comprender que más tierras dedicadas a la producción agrícola no necesariamente significa más cantidad de alimentos, ni sostenibilidad de precios que generen ingresos suficientes para hacerlas rentables a sus nuevos dueños. El quid de la cuestión es cómo hacerlas para que sean más eficientes y ambientalmente sostenibles, pues si bien considerando este solo aspecto, el de los fertilizantes, cuyos precios han descendido en forma importante después de la pandemia, hoy el productor sigue argumentando su alto costo, el cual algunos estudios estiman en 35 % del costo total. Todo esto plantea interrogantes sobre la viabilidad del modelo.
Lograr superar esos “5 centavitos” que le faltan a la agricultura —aumentar la productividad y ser competitivos para evitar importaciones— no es muy viable en ese modelo. De ahí que el gremio ganadero insista acompañar la entrega de tierras con proyectos productivos, infraestructura vial, comercialización y tecnificación. La ausencia de esto traería una nueva frustración de en el sector rural. Esto sin mencionar el tema de la guerra que se libra en parte importante del territorio colombiano cuyas negociaciones de paz han entrado en el terreno del fracaso, pero si han dejado un fortalecimiento financiero de estos grupos que irán a financiar campañas políticas.
Afortunadamente para nuestro sector rural la empresa privada se ha movido en la búsqueda de mayor productividad y sostenibilidad ambiental y ha realizado alianzas para buscar soluciones a través de la agricultura regenerativa y otras innovaciones, ha aumentado la capacidad de producción de sus plantas de producción, y ha implementado soluciones exitosas como la que ha adelantado Fedegán con el programa Ganadería colombiana sostenible, así como las propuestas de Agrosavia con bioinsumos y de la Andi con sus programas de Procultivos. En lo público, más allá de los anuncios, no se ve nada concreto excepto lo de Agrosavia.
El caso de Monómeros (empresa que ocupa el tercer lugar en producción de fertilizantes) merece una consideración aparte y de cara a la última determinación de la Superintendencia de Industria y Comercio, que no autorizó la venta de activos de Monómeros a Nitrofert Asset Management S.A.S.
Lo extraño de este caso es que la Superintendencia dice que recibió de Monómeros en febrero 19 de 2025 solicitud para la suscripción de un Contrato de Asistencia Técnica con la sociedad Nitrofert Asset Management S.A.S., para evaluar la posibilidad de la venta de sus activos.
En buena hora la Superintendencia de Sociedades, con sólidos argumentos, no autorizó la venta de activos de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. a Nitrofert Asset Management S.A.S. que, según El Heraldo, el Grupo Nitrofert manifestó interés en adquirir bienes de la empresa pero no la empresa (Nitrofert busca comprar los activos de Monómeros). Algo así como ‘comprar la carne y dejar los huesos’.
¿La misma empresa que valuaba la posibilidad de venta de activos de Monómeros se constituiría posteriormente en compradora? Además, señala la misma Superintendencia, Nitrofert Asset Management S.A.S. es una sociedad recién constituida en octubre del año 2024, que no tiene su capital pagado, y que se manifestó hacer parte de un grupo empresarial, el cual no consta en su certificado de existencia y representación legal. ¡Sin comentarios!