/?w=256&q=100 "Alfonso Santana Díaz")
Esa es la consigna que decretó el primer mandatario gubernamental del país en su pensada y estratégica alocución, el pasado martes 11 de marzo, en la que convocó a una consulta popular para que el pueblo decida la suerte de las reformas sociales que se archivaron, desvirtuando así las competencias del congreso y destruyendo el sistema de pesos y contrapesos.
Empezó con el garrote del terrorismo. En su inició se escuchó el himno guerrerista de la guardia indígena después del himno nacional —este sí aceptado por los colombianos—, y luego invocó las marchas registradas en 2021, que estuvieron cargadas de violencia, vandalismo, asesinatos y destrucción de riqueza, y que se han esgrimido equivocadamente como un “estallido social”.
Argumentó que sobre las tres reformas presentadas al Congreso —la pensional, la laboral y la de salud—, la oposición se ha alzado y que hay un bloqueo institucional contra el voto popular del año 2022, para condicionar que si queremos democracia y paz en este país hay que superar ese bloqueo institucional.
A renglón seguido esgrimió un garrote temerario contra el congreso, sindicando a algunos congresistas y a una empresa privada de soborno. “algunos congresistas están viciados por la codicia porque reciben dinero de quienes le están quitando los derechos al pueblo como sucedió con el dueño de Col sanitas (SIC), rompiendo por completo la constitución de Colombia (minuto 18:11 de su intervención). Agregó que, más vale el billete que la identidad y la orden constitucional de legislar a favor del interés general.
Con esos argumentos formuló su estrategia para infundir terror “…hemos convocado al pueblo a las calles, a movilizarse, a los indígenas, al campesinado...”.
¿Acaso no fue el presidente elegido democráticamente? ¿Acaso no fueron los congresistas elegidos democráticamente y en representación del pueblo? ¿No son válidos los votos que recibieron esos congresistas —así su gestión guste o no—, y, sí serán representativos los votos en la consulta de quienes quieren ejercen el poder por la fuerza, con la intimidación de las marchas y el vandalismo, convalidando la vieja tesis con interés político del mandatario, del constituyente primario? ¿Es paz, cuando al mismo tiempo que el mandatario pronunciaba su discurso, militares eran asesinados en el Cauca por fuerzas del narcotráfico, o cuando los soldados, policías, ganaderos, son secuestrados?
Pasando a la otra orilla, la de los ponentes, hay que resaltar que su informe tiene suficiente soporte técnico, estadístico e investigativo, lo cual los llevó a concluir que esta reforma laboral no soluciona los problemas estructurales del mercado laboral colombiano, ni contribuye a reducir los índices de informalidad y el desempleo.
Demuestra que esta reforma es inconveniente en el panorama económico por el que actualmente atraviesa el país; que es impertinente en el panorama del mercado laboral colombiano; que aumentará la pérdida de empleos debido al incremento de los costos laborales, y que no es consecuente con la libertad económica, entre otros aspectos.
Casi resulta de Perogrullo señalar el escalamiento en el cierre de empresas en 2024 —cerca del 50 % de lo registrado en pandemia—, el alto nivel de informalidad (56%), la caída de inversión extranjera, la destrucción de capital humano y físico por el floreciente negocio del narcotráfico con sus 250 mil hectáreas en producción, como para venir ahora a apagar el incendio con gasolina.
¿Qué tan difícil es entender que las políticas de protección laboral deben mantener un equilibrio que permita a las empresas mantener su competitividad y adaptabilidad en un mercado en constante evolución como el actual?
Sobre el sector que atañe a nuestros lectores, el agropecuario, señala el informe que “luego de una ley estatutaria laboral, debe el Congreso de la República centrarse en esquemas como el jornal agropecuario sectorizado por regiones, como positiva y técnicamente lo han venido proponiendo los gremios del sector, para remunerar de forma justa y proporcional el tiempo laborado incluyendo prestaciones sociales, que a la final fomenta la formalización sin imponer barreras que desincentiven la contratación.
Iniciativas de esta naturaleza deben reconocer las dinámicas del campo, no aumentar la informalidad y mejorar la competitividad del sector rural, pues eso genera un efecto multiplicador en favor o en contra, en toda la economía.
Nos cuesta creer que difícilmente la estrategia del garrote contra la democracia, decretado por el primer mandatario como un grito de guerra, va a solucionar estas falencias, pero lo que sí es seguro, profundizará la violencia y no la paz.
