Los intereses político-estratégicos de las Farc**, rebasan cualquier cálculo presupuestal, político y temporal. Aunque, si de algo ha servido la sumatoria de demandas, ha sido para notificarnos que esta apuesta del narcoterrorismo para refundar el Estado, podría salir muy costosa y hacer inviable un acuerdo, con este o cualquier otro gobierno.

La propuesta en juego no es otra que la expresada en su “Octava Conferencia Nacional”, de principios de los noventa. El objetivo: materializar –por la vía política, armada o la combinación de ambas– una reforma política, económica y social del Estado. Lo que explica por qué permanecen en La Habana, pues aunque no se concrete el acuerdo, el envión en Cuba habrá sido demasiado importante para sus propósitos.

Así, mientras la guerrilla mantiene un discurso que aprovecha las inequidades sociales –no porque les interese, sino porque les resulta políticamente rentable–, el gobierno se rasca la cabeza tratando de imaginar la Colombia del posconflicto, les obsequia un escenario interno e internacional para hacer política, suaviza la lucha contra el terrorismo y hiere de muerte la maduración y el fin de la guerra. (Lea: Ordóñez reitera ser un "escéptico no hostil frente al proceso de paz")

Las Farc quieren el poder. No importa si no representan a nadie, si no tienen el favor popular o han cometido crímenes atroces. Por esta razón exigen garantías para el ejercicio de los derechos políticos –a elegir, ser elegidos o conformar partidos– para todos los guerrilleros, incluidos los “prisioneros de guerra”.

Pero, además, una “circunscripción especial de paz”, para asegurar su “participación directa” en el Poder Legislativo, Asambleas y Consejos, eliminando cualquier impedimento. Ello “sin menoscabo del otorgamiento extraordinario de curules”, sin votos que la respalden en franca lid.

Además, exigen financiamiento para sus partidos, eliminación del umbral y acceso a los medios–cuya propiedad deberá ser democratizada–. No obstante, el Estado tendrá que proveerles un canal de TV, uno de radio, un periódico, una revista, internet y otros que se les ocurra, eso sí con cobertura nacional. A la par quieren participar en las instancias de planeación, presupuestación e “integración de Nuestra América”, buscan asiento en el Consejo Nacional Electoral, el CONPES, el CONFIS, la Junta del Banco de la República y, por supuesto, en cuanto consejo y comisión exigen crear. (Lea: Marco político para la paz no le importa a las Farc, según Ordóñez)

Pretenden, además, instituir un proceso de adoctrinamiento social generalizado, para transformar la cultura política, con programas para la apropiación del Acuerdo de Paz, abolir prácticas contrainsurgentes y hasta una reforma a las Fuerzas Armadas para inactivarlas. Eso sí, dejan claro que no les sirve el Marco Jurídico para La Paz, no entregarán las armas, no se acogerán a una Justicia Transicional que les implique pagar un solo día de cárcel y menos reconocer y reparar a sus víctimas.

No es difícil entender que las Farc exigen la rendición del Estado y la sociedad, para imponer el modelo cubano o bolivariano que les sirve de referencia. En el fondo, su memorial de agravios por los menos favorecidos –tan inverosímil como sus requerimientos políticos– no ha sido más que su intento fallido por justificar sus crímenes, amasar –en la nariz del gobierno– un capital político que no poseían y avanzar en su objetivo de subvertir el sistema vigente. (Lea: La paz un galimatías)

Si no es lo que queremos, ¿por qué no detenemos la farsa de La Habana? ¿Por qué se empeña el presidente Santos en asegurar que firmará La Paz, cuando todas las evidencias apuntan en contrario? ¿Cómo un gobierno que se empeñó en reconocer a las víctimas –las Farc son de lejos el mayor victimario– permite la burla a la memoria de miles de ellas, cuando en tono jocoso Márquez pregunta a Santrich si estarían dispuestos a pedirles perdón, la respuesta en medio de risas fue: "Quizás, quizás, quizás".