A raíz del uso de minas antipersonal por parte del grupo subversivo en el municipio de Tumaco, dentro de un cultivo de palma de aceite, el presidente del gremio indicó que este tipo de acciones terroristas son una violación del Derecho Internacional Humanitario.

El presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma, Fedepalma, Jens Mesa Dishington, de manera enérgica rechazó y condenó el uso de minas antipersonal por parte de la guerrilla de las Farc en plantaciones de palma de aceite en el municipio de Tumaco, Nariño, al tiempo que le pidió al Gobierno nacional garantizar las condiciones de seguridad necesarias para desarrollar adecuadamente las actividades propias del agro.

El dirigente gremial le solicitó al Gobierno nacional la implementación, pronta y decidida de todas las acciones que tal situación demanda, al tiempo que expresó la incertidumbre que se ha ido apoderando en la comunidad palmera del país por el resurgimiento de la inseguridad, más aún con la presión que están ejerciendo las Farc sobre la población civil, a través de amenazas constantes y restricción de la libre circulación, lo cual impide hacer empresa y con ello la generación de empleo y bienestar para los habitantes en la zona. (Columna: Las víctimas de París)

Directivos de varias de las empresas palmicultoras de la zona han sido intimidados por la  guerrilla mediante la colocación de artefactos explosivos (minas antipersonal) en lotes de la plantación, con el fin de atentar contra los miembros de la fuerza pública que patrullan la zona.

Ante el riesgo que ello implica, una de las empresas ya tomó la decisión de suspender temporalmente las labores de campo, hasta que el Ejército haga la verificación y desactivación de las minas, y  de esta forma, minimizar el riesgo de esta intimidación.

Dichas directivas han dado a conocer que la guerrilla ha puesto estas minas antipersonales con el pretexto de proteger sus posiciones y los cultivos ilícitos que dicen cuidar. “Esta práctica ha llegado a la demencia, con la instalación de un artefacto explosivo de este tipo, en la entrada a una escuela en la que atienden 60 niños diariamente”, manifestaron.

“La práctica se ha generalizado, y en los últimos días se han escuchado rumores de que también se están instalando minas antipersonales en terrenos agrícolas de la zona, de grandes y pequeños agricultores, en donde hombres y mujeres campesinas laboran diariamente para ganar su sustento y el de sus familias y por esta razón la gente ha preferido no volver al campo para así evitar el riesgo que implica esto para sus vidas”, continuaron explicando. (Lea: ¿De qué le ha servido al agro colombiano el proceso de paz?)

Los directivos señalaron que la comunidad de la vereda Vuelta de Candelillas atraviesa momentos de mucha angustia, y después de lo que ha vivido, no se merece esta suerte. “La comunidad en medio de su desesperación se ha unido y ha decidido buscar el diálogo con sus propios verdugos y tratar de hacerles entender su estado de fragilidad ante esta amenaza indiscriminada”, indicaron.

Jens Mesa Dishington señaló que al igual que la población de Tumaco, no se entiende una guerrilla que habla de defender a los desprotegidos y en el marco de las negociaciones que se adelantan en La Habana plantean que es posible llegar a acuerdos de paz, y por el otro involucra a gente del campo, incluyendo a niños y a personas indefensas en el conflicto.

El dirigente gremial expresó que “la credibilidad y cumplimiento de los diálogos de paz queda seriamente cuestionado con este tipo de acciones terroristas que son una clara violación del Derecho Internacional Humanitario”.

El presidente ejecutivo de Fedepalma recalcó, por último, que es preciso que el Gobierno nacional garantice redoblar los esfuerzos en materia de seguridad en aras de brindarle confianza a la comunidad agropecuaria por parte de las autoridades legítimamente constituidas en el país.

“Con esta actitud irracional de la guerrilla perdemos todos, la comunidad, los trabajadores (en el caso de la empresa que suspendió labores son aproximadamente 90 personas, la mayoría mujeres cabeza de hogar), la empresa y la región”, indicó Mesa Dishington. (Lea: “La paz con impunidad no es sostenible”: Procurador Ordoñez)