En una reunión que se llevó a cabo entre la junta directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia y el Ministerio de Agricultura, los gremios reiteraron su preocupación por la propiedad de la tierra y por la necesidad que hay en la actualización tecnológica en el campo.

En la junta – taller que se llevó a cabo el pasado primero de abril, la junta directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Madr, hablaron sobre 2 temas claves para el agro colombiano: asistencia técnica y seguridad jurídica.

Durante la reunión, los gremios indicaron que la asistencia técnica debe ser un tema que le competa a todos, que sea de obligatoriedad, que sea reconocida como bien público, para que de esta forma el Estado promueva el acceso de los productores rurales a estos servicios, los cuales pueden ser prestados por entidades públicas, privadas y/o mixtas.

Para ello, según la SAC “debe haber coordinación, articulación eficiencia, calidad, desarrollo sostenible, un enfoque productivo, impulso asociativo y competitividad en el mercado”. (Lea: Asistencia técnica agropecuaria inicia en Boyacá y Cundinamarca)

“En ese sentido y teniendo en cuenta la experiencia que cada gremio tiene, proponemos realizar ajustes en aspectos como la integración de criterios de oferta y demanda; la adecuación a los ciclos productivos; definir la garantía de los recursos que se destinen a futuro, tener una cofinanciación donde el 80% sea del Estado y el 20% de las organizaciones gremiales”, argumentó Rafael Mejía López, presidente de la SAC.

Por su parte el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde Montoya, indicó que teniendo en cuenta los planes que cada gremio tiene en asistencia técnica la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica, debe ser la encargada de vigilar que los compromisos que cada gremio asume se lleven a cabo y también dar unos lineamientos para que los trabajaos tengan la periodicidad adecuada.

Tierras y seguridad jurídica

Durante la reunión, la SAC pidió que el decreto 1465 de 2013 sea modificado, ya que el problema es una nueva causal para la reversión que establece la prohibición de acumulación de la Unidad Agrícola Familiar, UAF, del artículo 72 de la Ley 160 de 1994. Razón por la cual el gremio solicitó tramitar el documento de dicho artículo “por extralimitarse en las facultades reglamentarias”.

Frente al tema de Zonas de Reserva Campesina el dirigente gremial agregó que el problema de estas es que “recaen en zonas de predominio de baldíos”. “También es muy importante hacer un estudio de impacto de las zonas tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, otro elemento importante es tener en cuenta la acción de inconstitucional que se presentó en contra de los artículos 79 a 84 de la Ley 160 de 1994. Por eso creemos que es necesario una consulta al Consejo de Estado”, aseveraron asistentes a la reunión. (Lea: “El agro no puede seguir con política de la improvisación”: SAC)

Finalmente, el gremio también indicó que todavía no se cuenta un reglamentación que permita poner en marcha las Zonas de Desarrollo Empresarial como un mecanismo de avance en el campo, “allí la solicitud que propusimos fue poner en marcha en el equipo de tierras que se creó con el Gobierno para elaborar la reglamentación, ya fue entregada una propuesta y en la medida en que esta norma sea objeto de demanda, por el tema de consulta previa, es necesario evaluar los efectos para el resto de la ley”, afirmó Mejía.

La conclusión con estos temas fue la de esperar una respuesta por parte de la Corte Constitucional al respecto de la Ley, el cual ha generado polémica en el sector rural de Colombia. “Mientras eso pasa, quedamos con el ministro de realizar una siguiente reunión, todavía no tenemos la fecha, pero esta es para hablar de temas de comercialización de productos”, puntualizó el presidente de la SAC.