La decisión de la Corte Constitucional declarando la inexequibilidad del Decreto 1085 de 2023 que impulsó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira, es un paso atrás en la búsqueda de soluciones urgentes para una región que lleva años sumida en una crisis humanitaria, y no puedo evitar que exprese mis preocupaciones por esta decisión y su impacto en la población.

El poder corruptor del dinero daña la naturaleza humana y hace perder hasta la propia esencia de la raza. Así está pasando en algunas comunidades indígenas de Colombia desde cuando les transfieren recursos del Sistema General de Participaciones, y el pueblo Wayúu no es la excepción.

Ya la campaña pasó, y desde hace rato empezó el nuevo gobierno, pero en las redes sociales parece que todavía no se hubieran llevado a cabo las elecciones.

La movilización ciudadana y la participación directa son propios de una democracia, pero deben surgir de un proceso deliberativo y espontáneo, no de un decreto del gobierno.

No puedo evitar clamar con fuerza ante la miserable situación política que ahoga a La Guajira. No hay más tiempo para las medias tintas, las palabras suaves o las esperanzas vacías. El estado de la política en La Guajira es un lodazal de avaricia, indolencia y desprecio por la vida de la gente.

Desde el comienzo de su mandato, el presidente Petro está proponiendo reactivar los mataderos municipales o plantas de beneficio animal (PBA) con el objetivo de reducir el costo de la carne de res; y ya está circulando un proyecto de decreto en tal sentido.

La inconformidad está en su punto máximo y es hora de poner fin a esta espiral de caos que afecta a todos.

La Guajira está en una encrucijada como consecuencia del pronunciamiento que hicieron público unos líderes del pueblo wayúu representados en Asocabildos, el Consejo de Palabreros y algunas autoridades tradicionales.

En este corto espacio me atrevo a referirme de manera muy sucinta a los trece decretos que el gobierno Petro expidió, estableciendo las condiciones para hacerle frente al estado de emergencia económica, social y ecológica declarado en La Guajira con el propósito de tomar "todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la propagación de sus efectos".

La Guajira nunca ha tenido una planeación para su desarrollo. La elección popular de gobernadores y alcaldes ha sido un desastre en la ejecución de los recursos destinados a resolverle los problemas a la gente que todavía sufre de altos niveles de pobreza.