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La situación en La Guajira es más que evidente: miles de personas viven en condiciones precarias, con graves problemas de acceso al agua, saneamiento básico, servicios de salud y desnutrición: ¡ahí están las estadísticas!
La misma Corte Constitucional, a través de la sentencia T302 de 2017, había resuelto declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo Wayúu. Entonces, ¿cómo es posible que ahora no haya considerado la gravedad de la misma situación actual como una emergencia? ¡Está borrando con el codo lo que hizo con las manos!
La Corte argumenta que los estados de emergencia deben ser excepcionales y que la crisis en La Guajira es un problema estructural que debe abordarse a través de medidas legislativas en el Congreso que solucionen la situación de manera permanente y de largo plazo. Eso es cierto. Pero también es cierto que la urgencia de la situación humanitaria no puede esperar. Las vidas de las personas están en juego, y cada día de inacción agrava su sufrimiento.
El presidente Gustavo Petro tomó la decisión de declarar la emergencia en La Guajira porque, entre otras cosas, se avecina una sequía que amenaza con empeorar la disponibilidad de agua en la región. Y no es una especulación sin fundamento, sino un riesgo real respaldado por informes climáticos. La falta de agua no es un problema que pueda esperar la burocracia legislativa; es una amenaza inminente que requiere medidas urgentes.
Pero la decisión de la Corte Constitucional no solo ha dejado en el limbo la urgencia de la situación humanitaria, sino que también ha ignorado la necesidad de abordar las causas profundas de esta crisis. Es fundamental que el Gobierno y el Congreso actúen de manera conjunta para superar la grave crisis humanitaria estructural que afecta a la región, tal como lo exhorta la Corte. Lo cual conduce a inferir que hay una responsabilidad que deben asumir los cinco parlamentarios que por primera vez en la historia tiene el departamento. No se trata de suspender el funcionamiento de los pesos y contrapesos, sino de encontrar por la vía legislativa soluciones concretas y efectivas para aliviar el sufrimiento de la gente.
La inexequibilidad del Decreto 1085 de 2023 es una oportunidad perdida para abordar de manera urgente y efectiva la crisis humanitaria en La Guajira, por lo cual hay que llevar a cabo soluciones inmediatas, no burocracia legal que retarde la ayuda necesaria. Es hora de tomar medidas audaces con responsabilidad, para reconstruir al departamento que se han robado los politiqueros y malos gobernantes, para garantizar un futuro más justo y próspero para todos.
Porque no hay como negarlo, la corrupción ha sido un factor clave que se adiciona a la crisis de La Guajira. A lo largo de los años, los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de la población se han desviado hacia bolsillos corruptos, dejando a la comunidad desprotegida y vulnerable. La corrupción ha minado la capacidad de respuesta del gobierno y ha empeorado aún más la situación de la gente. Por lo tanto, es imperativo que también se tomen medidas para combatir la corrupción y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente en beneficio de la comunidad.
Es lo que se debe tener en cuenta en las próximas elecciones en favor de líderes íntegros y comprometidos con el bienestar de la sociedad. La corrupción no puede seguir reduciendo la capacidad del gobierno y la esperanza del departamento para abordar la crisis en La Guajira. La lucha contra la corrupción es una responsabilidad de todos los ciudadanos.
Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí...
@LColmenaresR #LaOpinionDeColmenares