En el marco de la entrega de las primeras 681.000 hectáreas, con las que la Ministra de Agricultura anunció el inicio de la reforma agraria, se entregaron las primeras tierras en el Cauca.

El destape de las cartas de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz y la designación de la responsable de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, puso sobre la mesa la real naturaleza de ese mecanismo pactado por el Gobierno Santos y las Farc en La Habana.

Al Estado le corresponde tomar todas las medidas estrictamente necesarias que garanticen la seguridad y la protección de los derechos de los asistentes de la misma forma austera que lo hace en reuniones masivas, pero sin un peso adicional.

El proceso de negociación del "Acuerdo de Terminación del Conflicto" se cocinó en 2 mesas paralelas. Una con las Farc y otra con los militares, esta última, reservada, callada, hasta ahora oculta ante la opinión pública.

La reunión de un grupo de congresistas con la delegación de las Farc en La Habana ha dejado resultados importantes. El primero de ellos: Roy Barreras, en representación del Congreso, terminó graduando como colegisladora a las Farc. !No es exageración! Veamos:

Tuiteó el presidente Santos: “La paz se salva con acuerdos concretos y no con cartas y pronunciamientos”. ¡No! No, señor Presidente, la paz se salva terminando de una vez por todas los actos terroristas y criminales. Se salva con firmeza del gobierno ante la escalada violenta de las últimas semanas que cobra permanentemente la vida de soldados y policías.Se salva si las FARC renuncian a raptar niños para la guerra y convertirlos en esclavos sexuales.

El exministro Humberto de la Calle dijo este fin de semana que "Una cosa es lo que las Farc dicen en público y otra cosa es lo que se habla en la mesa de diálogo". Esto provoca varias reflexiones.

Denunciamos en una columna en la Revista Semana el secuestro de un soldado en el ataque de las Farc efectuado la noche del 30 de enero en Sánchez - Nariño.

El pasado 19 de noviembre la Corte Internacional de Justicia profirió un fallo que despoja a Colombia de un territorio sobre el cual ha ejercido plena soberanía de forma pacífica, permanente e ininterrumpida, desde la fundación de la República, hace más de 200 años. ¿Se debe acatar o no esa decisión?