¡Viva la JEP, camarada!

La justicia es imparcial o no es justicia. El destape de las cartas de la llamada Jurisdicción Especial para la Paz y la designación de la responsable de la Unidad de la Búsqueda de Personas Desaparecidas, puso sobre la mesa la real naturaleza de ese mecanismo pactado por el Gobierno Santos y las Farc en La Habana. Más que justicia, aquí se trata de contar con un aparato político esencial en la continuación de la agenda de la extrema izquierda.   La justicia transicional que se pretende ejecutar se sustenta propagandísticamente en los derechos de las víctimas, pero está montada con el fin de destruir a los adversarios de las Farc y cambiar la mentalidad general del país, construir nuevas verdades, nuevos relatos, acomodados convenientemente al proyecto político de las Farc. Es la demostración que Timochenko y Márquez en realidad están en la ruta de ganar la confrontación por la vía política, así hubieran sido derrotados en el plano militar.   La adopción de un tribunal fuera del marco de la rama judicial y el cual no puede ser objeto de control autónomo y libre por parte de la Corte Constitucional, ni siquiera cuando están de por medio derechos como el debido proceso, es el instrumento que necesitaban para perseguir y encarcelar a la oposición política y a los críticos del pacto con las Farc, que son a su vez considerados el obstáculo que tiene la imposición del socialismo en Colombia.   ¡No es cuento! ¡Ni es jugando! El camarada Andrés Paris, lo admitió así: “Tenemos la JEP, para que se defienda el señor Álvaro Uribe Vélez, ahora que sea preso y detenido y se le imputen todos los cargos y responsabilidades por asesino, narcotraficante y corrupto”. Punto seguido, califica de destinatarios de la JEP a los miembros del Centro Democrático (Ver video). Es evidente que las Farc la diseñaron siguiendo las enseñanzas de la revolución chavista: apoderarse y usar el aparato judicial con el propósito de desmantelar y neutralizar a los oponentes, incluso interfiriendo el proceso electoral.   Y la composición de la JEP así lo comprueba. Entre las perlas comprometidas públicamente con la cruzada que criminaliza a Uribe y a los miembros del Centro Democrático está un fracasado candidato al Senado del Polo Democrático y un número importante de individuos que han trabajado con organizaciones no gubernamentales de extrema izquierda, caracterizadas por su ataque permanente y sistemático al Estado y a las Fuerzas Armadas. No se debe olvidar que detrás de la defensa de los derechos humanos se escondió el brazo de la guerra jurídica con la que se trató de detener la ofensiva de las Fuerzas Militares contra las guerrillas. ¡Por supuesto, no todo era guerra jurídica! ¿Qué garantía pueden tener los miembros de la fuerza pública cuando sus casos sean conocidos por esos “magistrados” políticos?   Paralelamente, el otro objetivo es exorcizar a las Farc socializando la responsabilidad de las atrocidades cometidas en Colombia y construyendo un nuevo imaginario sobre lo ocurrido en décadas de violencia. El Tribunal para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Comisión de la Verdad están articuladas en virtud del Acto Legislativo 01 de 2017 y por el liderazgo que en cada una tienen personas que coinciden con la narrativa que las Farc difunden desde hace décadas.

Por ejemplo, la recién designada presidenta del Tribunal para la Paz, Patricia Linares, debutó en los medios hablando de “las causas estructurales de la guerra… como la pobreza”, el mismo discurso justificativo de la violencia que nunca se cansaron de repetir Raúl Reyes y Jacobo Arenas. A la pregunta de Yamid Amat “¿Lo que usted quiere afirmar es que de la guerra de más de 50 años que hemos vivido no es culpable la guerrilla, ni es culpable el ejército, ni es culpable determinado ciudadano, sino todos somos culpables? Responde:   “Todos tenemos responsabilidades y todos hemos tenido un rol” y agrega, “muchas veces el silencio, el negarse a la realidad implica responsabilidad” (Video – entrevista).   La estrategia es clara, donde todos somos victimarios nadie es victimario. La culpa de los cilindros bomba, de los miles de secuestrados, del reclutamiento de niños, las desapariciones, el desplazamiento, la extorsión, los atentados terroristas y las masacres perpetradas por las Farc es de todos los colombianos, incluidas las propias víctimas. ¡Hágame el favor! Los victimarios se vuelven víctimas y la sociedad victimaria.   Se debe demostrar que así era. Por eso, lo importante no son las sentencias de condena a guerrilleros, lo importante es perseguir y condenar políticos, empresarios, multinacionales, gobiernos extranjeros, periodistas, industriales, militares, intelectuales, escritores, dirigentes sociales y hasta los que guardaron silencio, siempre y cuando hayan estado en contra de ese grupo ilegal.   En síntesis, se busca es justificar el terrorismo fariano, un lavado de cerebro que es objetivo fundamental en el propósito de conquistar el poder. (Leer: Deslegitimar el Estado y legitimar a las Farc) así, pues, ¡qué viva la JEP, camarada!   Ante la conformación de esa jurisdicción con el sesgo de magistrados políticos, inclinada absolutamente a favor de las Farc (así distraigan con críticas en público) y resultado de una negociación con criminales y no de un consenso con las fuerzas democráticas y las víctimas, el nuevo tribunal carece de legitimidad y solo queda un camino: el 7 agosto de 2018, con un nuevo gobierno, presentar ante el Congreso un proyecto de reforma que la elimine de la Constitución. ¡En eso no hay que titubear!   Pregunta: ¿Cómo va a interferir la JEP en las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República? ¡Abran el ojo!   Sígame en twitter @RafaGuarin Publicado en Revista Semana, 2017/09/27