Hugo Acero Velásquez, experto en seguridad, da luces sobre lo que deberían hacer tanto los empresarios del campo como autoridades administrativas y de policía para prevenir la comisión de estos delitos que afectan duramente el patrimonio de agricultores y productores pecuarios.

El año pasado con bastante preocupación desde esta tribuna se denunciaron casos de abigeato y carneo de reses y caballos en varias zonas del país. Con más preocupación, se cubrieron también los muchos secuestros y llamadas extorsivas a ganaderos y empresarios del agro, estos últimos delitos, con bastante frecuencia en el departamento del Cesar.

Este problema de tamañas proporciones para los ganaderos en vez de disminuir sigue en aumento, pues, en menos de un mes de este 2023 se han presentado casos en el municipio de Filandia, Quindío, donde el propietario perdió más de 30 reses, las cuales fueron sacrificadas y descuartizadas en el mismo predio, dejando pérdidas por más de 35 millones de pesos.

Lo mismo ocurrió en la hacienda de denominación social La Australia, ubicada en la vereda La Paloma, jurisdicción del municipio de Cajamarca, donde el propietario Oscar Londoño denunció que cuatro de sus reses corrieron esa suerte.

A través de su cuenta de Twitter, José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), solicitó a la Fiscalía General de la Nación que aplicara de manera urgente la medida de extinción de dominio a un vehículo con el que se pretendía hurtar un número indeterminado de reses en una finca ubicada en Santa Catalina, Bolívar.

“El abigeato está a la orden del día en todo el país. En Santa Catalina, Bolívar, la Policía detiene a estos criminales. @DirectorPolicia ¿Será que la @FiscaliaCol aplica extinción del dominio del camión de conformidad a la Ley1944/18 y sienta un precedente?”, trinó Lafaurie.

Este medio contactó a Hugo Acero Velásquez, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia; académico de las universidades de los Andes y Externado de Colombia, durante su larga trayectoria se ha desempeñado como asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional, subsecretario de Asuntos para la Convivencia y Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá, consultor del PNUD, el BID, el Banco Mundial.

Hugo Acero también ha sido el actor principal en la elaboración de planes de Convivencia y de Seguridad Ciudadana y planes maestros de Equipamientos de Seguridad y Justicia en Colombia, Ecuador, México, El Salvador, Honduras, Guatemala y Brasil. En esta entrevista da algunas luces sobre lo que deberían hacer los ganaderos e instituciones del Estado para ponerle freno y evitar el escalamiento de estos delitos en todo el país.

¿De qué forma podrían los ganaderos y empresarios del campo evitar la comisión de estos delitos que afectan no solo su economía sino también su condición física y mental?

Frente a estos hechos como el secuestro y el abigeato, el carneo e inclusive la extorsión, en primera instancia los ganaderos deben poner en conocimiento de la Policía, Fiscalía y en especial de los grupos Gaula esos hechos, para que investigan, persigan y judicialicen a los delincuentes que están desarrollando estas actividades.

En segunda instancia con el apoyo y trabajo de estas autoridades, los ganaderos deben organizarse a nivel territorial en redes de apoyo y comunicación para relacionarse de manera permanente con la Policía y la Fiscalía y denunciar los hechos que les afectan de manera cotidiana desde el punto de vista de su seguridad.

¿Qué tipo actividades o acciones preventivas debería ejecutar la Policía Nacional para controlar efectivamente estas zonas y evitar el secuestro, abigeato y carneo que tanto afecta a los ganaderos y empresarios del campo?

La Policía, así como el Ejército que hace presencia en muchos territorios, debe trabajar de manera permanente con el ganadero, organizarlo para que a través de medios de comunicación entreguen información sobre los efectos delincuenciales que los afectan de manera cotidiana, en ningún momento se deben promover organizaciones armadas ilegales como sucedió algunos años en Colombia y que finalmente terminaron como grupos paramilitares.

¿Cómo se puede lograr esto, sin llegar a los extremos que usted mismo describe y que el país conoce?

Se requieren reuniones permanentes de las autoridades de seguridad y justicia, incluidos los alcaldes y gobernadores con los ganaderos, para organizarlos y con medios de comunicación, ellos puedan alertar sobre posibles hechos delincuenciales, para que la Policía e Ejército y la Fiscalía puedan actuar en el marco de la Ley.

¿Qué tan eficaz podría ser la instalación de cámaras de seguridad como medida disuasoria y también de registro de estos delitos?

En las fincas y territorios donde se puedan instalar cámaras es muy bueno hacerlo, en el pasado algunos ganaderos por los altos riesgos que tenían en los territorios instalaron cámaras y esto les ayudó a mejorar no solo su seguridad, sino el manejo de sus propiedades.

¿Cómo podrían las autoridades administrativas y de policía contribuir a la protección de los ganaderos y empresarios del campo de estos delitos?

Los alcaldes y gobernadores tienen la obligación constitucional y legal de garantizar a seguridad de todos los ciudadanos en las áreas urbanas y rurales, para lo cual cuentan con los consejos de seguridad que deben trabajar en equipo con las demás autoridades que existen como la Policía, la Fiscalía y las Fuerzas Militares, ellos pueden invitar a los ganaderos a estos consejos para tratar y dar solución a los problemas de seguridad que los afectan, inclusive pueden realizar concejos de seguridad en los territorios donde directamente están sucediendo los hechos, los alcaldes junto con las demás autoridades de seguridad y justicia, y además la propia Personería Municipal pueden ayudar a que los ganaderos se organicen en redes comunitarias de comunicación con las autoridades legítimamente constituidas, eso mejora la seguridad de los ganaderos, mejora la seguridad de los territorios y desde luego del conjunto de los municipios y departamentos del país.