Para el investigador Luis Fernando Trejos, el despojo de tierras en el Atlántico es una práctica criminal silenciosa en la que participan notarios, registradores e inspectores de alto perfil. Advierte que, pese a su gravedad, se habla poco del tema porque compromete estructuras del Estado.

En un operativo sin precedentes, autoridades desmantelaron una red criminal dedicada al despojo ilegal de tierras en Barranquilla, Soledad y Cereté, mediante la falsificación de documentos y la coacción a comunidades vulnerables.

El pasado 14 de abril, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación llevaron a cabo una operación que culminó con la captura de 17 personas que conformaban esta red dedicada al volteo de tierras en los municipios del Atlántico.

Según Luis Fernando Trejos Rosero, docente investigador y experto en temas de seguridad ciudadana, “esta es una renta ilegal que no es nueva, pero de la que lastimosamente no se habla mucho, en la medida en que en ella participan funcionarios de alto perfil como notarios y registradores así como inspectores de policía”.

Trejos tildó la actividad de “muy grave” teniendo en cuenta que “la Oficina de Instrumentos Públicos del Atlántico en años recientes había sido intervenida por la Superintendencia de Notariado y Registro precisamente por este tipo de actuaciones ilegales”. (Lea en CONtexto ganadero: Capturan red criminal de volteo de tierras, funcionarios públicos implicados)

Estafa a cerca de 1.800 familias

Entre los detenidos se encuentran tres registradores de instrumentos públicos, dos inspectores de policía, dos notarios, un calificador de instrumentos públicos y un funcionario de la Alcaldía de Soledad, quienes, presuntamente, utilizaban su posición para apropiarse de terrenos de manera ilegal y luego venderlos.

A estos señalados delincuentes, se les imputan delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, urbanización ilegal y estafa agravada.

Investigaciones adelantadas desde el año 2023 revelaron que estos señalados delincuentes constreñían a la comunidad para apoderarse de terrenos y posteriormente venderlos, estafando a cerca de 1.800 familias.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los tentáculos de esta red señalada de ocupación ilegal de tierras, afectaron también a muchos proyectos sociales como parques y colegios.

Por este caso, las autoridades continúan con el proceso de judicialización de los capturados y se esperan más imputaciones en los próximos días.