Serán 300 familias de los municipios de Santacruz de Guachavez, Mallama y Linares, en Nariño, las que harán parte del programa que viene siendo liderado por el Ministerio de Trabajo y el PNUD. La ejecución estará a cargo de Asohofrucol.

Con el fin de que la población afectada por la violencia del país vuelva al campo, tenga una actividad productiva viable, se integre a la economía y regrese a sus raíces, el Ministerio de Trabajo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, vienen apostándole al proyecto ‘Desarrollo Económico Rural e Incluyente’, el cual empezará a ejecutarse en Nariño, gracias a una alianza entre la Secretaría de Gobierno departamental y la Oficina de Atención a Víctimas. (Lea: 8 requisitos para que Latinoamérica sea despensa mundial de comida)

El objetivo de la iniciativa es que 300 familias de municipios de Santacruz de Guachavez, Mallama y Linares, empiecen a implementar un modelo productivo tipo invernadero para que se siembren hortalizas, frutas y hierbas aromáticas.

María Lizarazo, coordinadora Nacional del proyecto ‘Desarrollo Económico Rural e Incluyente’, destacó la presencia de la Asociación Hortifrutícola de Colombia, Asohofrucol y la Agencia para el Desarrollo Campesino; entidades que estarán presentes durante la iniciativa brindando apoyo en lo relacionado con asistencia técnica y apertura de mercados. (Lea: Prevención agroclimática mejora competitividad de los productores)

“El PNUD acompañará todo el proceso de forma permanente, a través de ingenieros agrónomos y profesionales especialistas en el campo socioempresarial quienes estarán presentes en cada municipio. Nariño es un departamento que una gran potencialidad en la producción de frutas y hortalizas, por lo que esperamos vincular a la población impactada dentro del mercado productivo, en corto, mediano y largo plazo”, argumentó Lizarazo.

Por su parte Mauricio Ortiz, coordinador de Asohofrucol en Nariño, confirmó que el próximo miércoles los técnicos de la entidad empezarán a trabajar con las víctimas, con el fin de identificar qué proyecto productivo es viable de acuerdo a la persona y la zona en la que se encuentra. (Lea: La Producción Más Limpia está de moda en el campo)

“La siguiente semana empezarán las respectivas visitas a los predios, donde con la ayuda de las familias y nuestros asistentes, se podrá diseñar un plan viable de trabajo en donde los productores logren resultados óptimos y se integren a las cadenas productivas lo más pronto posible”, añadió Ortiz.

En total, se destinaron $1.300 millones para garantizar el derecho al trabajo, generar propuestas de desarrollo económico sostenible y diversificar los ingresos de la población; además de brindarles acompañamiento psicosocial. (Lea: Nuevas medidas para invertir y reactivar el sector agropecuario)