Este 10 de julio se cumple un mes de las protestas en Catatumbo, Norte de Santander, y el Gobierno nacional sigue sin lograr acuerdos que permitan solucionar las peticiones de los campesinos de la zona.

Los diálogos se han dilatado durante varios días y cuando se retoman se hacen con nuevas comisiones que el Estado delega. Entre quienes el Gobierno ha designado para dialogar con los campesinos figuran los ministros del Interior, Fernando Carrillo, y de Agricultura, Francisco Estupiñán, quienes han viajado a Tibú y a Cúcuta en varias ocasiones.

De la mesas de conversaciones salió el Alto Consejero para Diálogos Sociales, Luis Eduardo Garzón, por determinación del Gobierno, y durante esta semana se anunció que estarán presentes en Cúcuta, el viceministro de Vivienda, Iván Mustafá; los directores de Planeación Nacional, Mauricio Santamaría; de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luís Fernando Andrade; del Departamento para la Prosperidad Social, Bruce Mac Master;y de Invías, Mauricio Narváez.

Otra comisión hace presencia en el municipio de Tibú, la cual está integrada por los viceministros del Interior, Carlos Eduardo Gechem; de Agricultura, Andrés Felipe García, de Defensa Nacional, Jorge Enrique Bedoya; el subdirector de Planeación, Mauricio Perfetti y la subdirectora del Departamento para la Prosperidad Social, Mariana Escobar. (Lea: Comienzan a buscarse salidas a la situación en Catatumbo)

Las esperanzas del Gobierno están puestas en hallar una salida al bloqueo de vías, al desabastecimiento de alimentos y las pérdidas económicas para el sector agropecuario. Sin embargo, hay factores determinantes que han hecho del Catatumbo una zona cada vez más conflictiva.

Sobre la mesa se encuentran dos realidades que se enfrentan. Se trata de los intereses sociales de la población rural que ha pedido al Estado alternativas de solución para el sostenimiento económica, ante la posible erradicación de cultivos ilícitos, y la infiltración de miembros de las Farc en las manifestaciones. (Lea:Sector ganadero, afectado por la situación en Catatumbo)

Según analistas políticos consultados por CONtexto Ganadero, la cuota de las Farc en Catatumbo es la conformación de la Zona de Reserva Campesina, para lo cual utilizan a la población civil como vocera de la iniciativa.

La gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, Miriam Gallego, dijo a diferentes medios de comunicación que el Gobierno no descarta la posibilidad de delimitar el territorio como Zona y se dio a la tarea de evaluar las posibilidades jurídicas de la declaratoria.

De fondo, señaló el analista político y director del Centro Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, Alfredo Rangel, la conformación de la Zona de Reserva Campesina no representa la necesidad de las más de 400 mil familias campesinas de la región. (Lea: Paralizados los diálogos en Catatumbo hasta nueva orden)

Solo es parte de la estrategia de acoso que las Farc promueven para presionar al Gobierno colombiano a declarar la Zona como única solución a las manifestaciones, mientras los campesinos atraviesan por hambrunas.Ante eso, Rangel señaló al Estado como responsable de que se agudice la crisis en la zona.

“El Gobierno cree que al prometer recursos va a solucionar los problemas, pero no hay un diálogo directo con los líderes. Luego se niega a aceptar las vías de hecho y cuando se hacen inmanejables termina aceptando las exigencias de los manifestantes”, recalcó Rangel, quien no reparó en decir que Santos ha enviado un mensaje negativo, y muestra de ello son los hechos vivenciados en Catatumbo.

El exviceministro de Defensa de Colombia, Rafael Guarín, dijo que las protestas en Norte de Santander son consecuencia del proceso de paz y mientras se mantenga va a haber escalonamiento y periodicidad de las manifestaciones.

Aunque el Estado debe garantizar el derecho a la protesta, no puede aceptar hechos amenazadores que intimiden a los habitantes de Catatumbo, quienes se han convertido en las víctimas de las Farc y del Gobierno que no les ha suplido sus derechos fundamentales. (Lea: “Catatumbo es el preludio de la violencia y falta de Gobierno”: Lafaurie)

“El Gobierno se ha equivocado de principio a fin en el manejo de orden público de las protestas. No puede validar a las Farc como voceros legítimos de los campesinos y para eso necesita judicializar a los guerrilleros que promueven la manifestación”, consideró Guarín.

La creación de la Zona de Reserva, según el exviceministro de Defensa, se utiliza como figura jurídica para conceder a la organización criminal una zona estratégica fronteriza con Venezuela que afectaría la seguridad nacional, se convertiría en corredor del narcotráfico y sería espacio geográfico de retaguardia de las Farc.

“La zonas de reservas campesinas son un elemento clave de las Farc para fragmentar a Colombia”, agregó Guarín, quien explicó que por eso exigen en la Habana 9 millones de hectáreas de reserva y 7 millones para producción de alimentos, para un total de 160 mil kilómetros cuadrados de extensión, lo que supera a los territorios de Corea o Portugal.

Más allá de pensar en la erradicación o no de los cultivos ilícitos en Catatumbo, expuso Guarín, se deben analizar las políticas integrales que briden con hechos sustento a las familias campesinas que durante décadas han sembrado coca en la región, “situación que no ha hecho Santos”.