En febrero, el Gobierno publicó un borrador del decreto para modificar el Decreto 1500, a raíz de las declaraciones del presidente Gustavo Petro para reabrir los mataderos municipales ante el aumento del precio de la carne. (Lea: Revivir mataderos municipales, propone Petro)

En concordancia, la norma define como plantas de beneficio animal de categoría condición especial las autorizadas por el Invima, ubicadas en los municipios de 5ª y 6ª categorías, donde no existan plantas de categoría nacional ni de autoconsumo, para abastecer de carnes al respectivo municipio en el cual se encuentra ubicada, considerando para ello las particularidades de los territorios, siempre y cuando se garantice la inocuidad del producto.

Al respecto, el columnista Óscar Cubillos Pedraza manifestó que este proyecto modificatorio es una «involución», pues «lo propuesto ahora tiene que ver con la creación de una nueva categoría de plantas, llamadas de “categoría especial”, que en la realidad de las cosas terminan siendo infraestructuras más pequeñas que las de autoconsumo, surgidas con el Decreto 1975 de 2019».

El jefe de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán-FNG se refirió a los «efectos colaterales perversos» del Decreto 1500, pues cuando la aplicación de esta norma ha ocasionado que aumente el sacrificio clandestino.

«¿Cuál era la idea de este decreto? Que los que no cumplieran (con los requisitos) se cerraban y los que sí cumplieran, absorbieran ese sacrificio. Pero estos no pudieron hacerlo por diversos factores (ubicación geográfica, capacidad instalada), entonces esa oferta terminó cogiéndola la clandestinidad. Sí es necesario que se fortalezca la oferta regional de carne desde una planta y para ello se requiere el fortalecimiento de las plantas de autoconsumo, más que los mataderos municipales», aseguró.

Con él coincidió Santiago Turizo, representante legal de Frigorífico del Sinú – Frigosinú S. A., quien lamentó que la planta que dirige hizo las gestiones y destinó los recursos para ajustarse a la normatividad, pero la recompensa que esperaban por cumplir con el decreto nunca llegó.

«Cuando el Decreto 1500 salió, Frigosinú destinó casi $5000 millones para obtener la certificación. Pero 3 o 4 años después modificaron el decreto para que las plantas que no cumplieron, fueran autorizadas. De hecho, el 1500 ha tenido 2 reformas y hoy en día, plantas que no cumplen terminaron cumpliendo porque tuvieron que hacer menos drástico el decreto», argumentó.

Sin embargo, en una posición neutral, Turizo también reconoció que las autoridades tuvieron que reducir las exigencias porque era evidente que muchas plantas no cumplirían a cabalidad pero que si eran cerradas, el beneficio ilegal aumentaría de manera dramática. (Lea: De 443 establecimientos certificados en 1500, 182 son plantas de sacrificio bovino)

«Las autoridades habilitaron a las plantas que no cumplían porque se dieron cuenta que era peor cerrarlas y empujar la población al sacrificio informal que dejarlas operando. (…) Yo entiendo por qué el Invima hizo eso, porque sería peor empujar a la informalidad todo ese sacrificio que hay en esas plantas que no cumplen totalmente pero por lo menos están tratando de hacerlo», agregó.

Ambos también señalaron que en lugar de revivir los mataderos municipales, lo más conveniente sería fortalecer los acondicionadores o cuartos fríos, pues construir o adecuar una planta de beneficio según los lineamientos del Decreto 1500 requiere de un alto nivel de inversión que sobrepasaría el presupuesto de un municipio de categoría 5 o 6.

Cubillos apuntó por dirigir las «políticas públicas a las (plantas) de autoconsumo» así como a hacer «énfasis en la distribución regional a partir de las plantas nacionales y también las de autoconsumo. Centros de Distribución Regional, y no solo para carnes, que bien podrían ser totalmente públicos ya que andamos en la onda de estatizar todo». Por su parte, Turizo relató que ha recibido la visita de varios alcaldes para mostrarles el funcionamiento de Frigosinú, mostrándoles que las inversiones hechas por este establecimiento no son fáciles de costear.

«Las plantas que lleguen a habilitar van a ser inviables porque el volumen del proceso no les va a dar capacidad de sostenerse en el tiempo. Por ejemplo, la planta de Montelíbano (Córdoba) podría sacrificar 18 a 20 reses diarias, pero con esa cantidad ni siquiera podría pagar la nómina. Pienso que sería más conveniente que en lugar de hacer plantas, los municipios hagan cuartos fríos donde lleguen las canales de la planta más cercana que sí cumple con los requisitos. Hacer toda la infraestructura para cumplir las exigencias sanitarias y ambientales (del Decreto 1500) es una inversión brutal, en cambio los cuartos fríos serían una inversión baja y la operación podría ser sostenible», remató Turizo.