El Ministerio Público abrió indagaciones contra el exgobernador del Meta, Alan Jara Urzola, por su presunta omisión de preservar los intereses del departamento en el Fondo Ganadero del Meta, FGM.   En el caso del fondo ganadero, la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública investiga a Jara Urzola, al representante del departamento ante el Fondo Ganadero del Meta, Daniel Santiago Salazar Uribe, que a su vez era el secretario de Desarrollo Agroeconómico y exdelegado especial del gobernador ante la asamblea general de accionistas del Fondo Ganadero del Meta; y a Néstor Ányelo Martínez Aldana, exgerente y representante legal del FGM.   El ente de control busca establecer si se presentaron posibles irregularidades en la administración del fondo, que tuvo como socios al Ministerio de Agricultura y a la Gobernación del Meta. (Lea: Fondo Ganadero del Meta será reestructurado)   Al parecer, los accionistas mayoritarios no tomaron las decisiones dirigidas a cumplir con obligaciones establecidas en el acuerdo de reestructuración del fondo ganadero, lo que habría llevado a su liquidación y a un eventual detrimento patrimonial para el departamento.   Una fuente cercana a CONtexto ganadero y quien pidió reserva de su identidad, sostuvo que Gustavo Pardo –antes de su muerte– fue quien impulsó esa entidad y la llevó a ser un referente en el país. Sin embargo, el fondo, siendo un ente departamental, tiene unos socios que son privados y siempre han tratado de velar por sus intereses, pasando por encima del bienestar de los ganaderos.   Agregó que el FGM nunca tuvo que haber sido liquidado porque la razón principal para lograrlo era la quiebra, pero dicha entidad tiene unos activos que cuyo precio es atracativo. La sola Hacienda Catama que queda en Villavicencio o la finca San Antonio, son predios que están por encima de los $7.000 millones. Se quebró sin necesidad. (Lea: El Fondo Ganadero del Meta en camino a su salvación)   “Ahí lo que hubo fue una jugada jurídica para buscar que se liquidara el fondo y los accionistas pudieran tomar parte de los bienes que tenía el FMG”, argumentó y destacó que la investigación es necesaria para dejar claros los hechos..   El ente de control ordenó la práctica de pruebas testimoniales y documentales a fin de esclarecer los hechos objeto de investigación.