Así lo expresó el presidente de la Asociación de Ganaderos de Sucre, Gabriel de la Ossa, para quien la actualización catastral en Sucre ha desatado una crisis sin precedentes en el sector agropecuario. Lo que inició como una medida para modernizar la gestión fiscal y aumentar los ingresos municipales, ha terminado convirtiéndose en una amenaza para el campo.

El incremento desproporcionado del avalúo catastral ha llevado los impuestos prediales a niveles impagables, poniendo en riesgo la producción agropecuaria y generando un clima de incertidumbre que podría derivar en embargos masivos y el colapso para la economía rural.

Desde el 2023, los productores del departamento han sido testigos de un aumento desbordado en la valoración de sus predios. Gabriel de la Ossa, presidente de Asociación de Ganaderos de Sucre (Asogasucre), lo describió como “un desastre sin precedentes para el agro sucreño”.

Según el dirigente, los avalúos en algunas zonas rurales han subido entre un 2.000 y un 3.000 por ciento, elevando el impuesto predial a cifras imposibles de pagar.

“Nos están expropiando a través de los tributos. Nadie en el campo puede sostener estos niveles de carga fiscal”, advirtió de la Ossa. (Lea en CONtexto ganadero: ¡Alerta máxima! Predial se dispara y asfixia a los ganaderos)

La situación es especialmente grave en municipios como Sincelejo y Sincé, donde el valor de la tierra ha sido revaluado de manera desproporcionada, sin tener en cuenta las condiciones reales de la zona.

De la Ossa denunció que “nos están cobrando impuestos como si tuviéramos infraestructura de primer mundo, pero seguimos sin vías adecuadas, sin servicios básicos y sin apoyo para el desarrollo productivo”.

El problema radica en que el incremento del avalúo catastral no ha sido progresivo ni concertado con el sector productivo. Por el contrario, los propietarios se encontraron de un momento a otro con nuevas liquidaciones del impuesto predial que multiplicaban su obligación tributaria.

El dirigente aseguró que “el precio de la tierra en algunas zonas pasó de mil millones de pesos a 25 mil millones en un solo año. ¿Quién puede pagar un impuesto basado en semejante inflación catastral?”.

Además, la actualización del catastro no ha venido acompañado de medidas de alivio fiscal. De acuerdo, “el estatuto tributario permite ajustar las tarifas, pero las alcaldías no han tomado decisiones para mitigar el impacto. Lo que vemos es que, en vez de recaudar más, van a generar una morosidad gigantesca porque la gente no puede pagar”.

De hecho, en Sincelejo, el alcalde prometió reducir el impacto del impuesto predial, pero hasta ahora las medidas han sido insuficientes.

En enero y febrero, el municipio debía recaudar 35.000 millones de pesos por concepto de este tributo, pero solo ingresaron 23.000 millones.

“Esto demuestra que la gente no está pagando, no porque no quiera, sino porque no puede”, aseguró el dirigente gremial.

Desplazamiento masivo

Más allá del impacto inmediato en el bolsillo de los productores, la gran preocupación es el riesgo de embargos y expropiaciones. Cuando un propietario no puede pagar su impuesto predial, el municipio tiene la potestad de iniciar procesos de cobro coactivo que puedan llevar al remate de las tierras.

Según el presidente de Asogasucre, “esto es confiscatorio y expropiatorio. Nos están llevando al límite y, si no corregimos el rumbo, podríamos ver un desplazamiento masivo de productores del campo”.

El problema se agrava con la reciente modificación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), una figura legal que restringe el uso del suelo y limita la autonomía de los propietarios sobre sus predios.

De la Ossa denunció que “el gobierno ha decidido que ciertas tierras solo pueden destinarse a la producción de alimentos agrícolas, eliminando cualquier otra posibilidad de uso, como la ganadería. Y si un productor no cumple con estas normas, su tierra puede ser expropiada bajo la figura de extinción de dominio”.

En términos más sencillos, los propietarios están perdiendo el control sobre sus tierras de dos maneras: por la vía de los impuestos y por las nuevas regulaciones del uso del suelo. El dirigente manifestó que esto es un ataque frontal a la propiedad privada y una amenaza directa a la seguridad alimentaria del país.

Una política que destruye

La revisión del avalúo catastral y el aumento del tributo predial fueron diseñados para incrementar los ingresos municipales, pero la realidad está demostrando que la medida ha sido contraproducente.

En Sincelejo, por ejemplo, la cartera morosa ha crecido en la misma proporción que el incremento de los impuestos. “Si el ciudadano no puede pagar, el municipio no recauda y la economía se estanca. No hay desarrollo posible en este escenario”, expuso De la Ossa.

Desde Asogasucre y otros gremios agropecuarios, la propuesta es clara. Se necesita una reforma urgente del estatuto tributario municipal para reducir las tarifas del impuesto predial y garantizar un equilibrio fiscal que no destruya la producción. Además, se exige que las actualizaciones catastrales sean concertadas con el sector productivo y no impuestas de manera arbitraria.

“No nos negamos a contribuir con el desarrollo del país, pero exigimos que los tributos sean justos y proporcionales a la realidad del sector agropecuario. El gobierno no puede seguir legislando desde un escritorio sin conocer la realidad del campo”, sostuvo el dirigente.

Para el presidente de Asogasucre, si no se toman medidas inmediatas, el impacto de esta crisis será devastador. No solo para los productores, sino para la economía de todo el país. (Lea en CONtexto ganadero: ¡Nueva crisis del campo! Ganaderos al límite por avalúos catastrales disparados)

“Lo que está en juego no es solo el patrimonio de los ganaderos y agricultores, sino la seguridad alimentaria de Colombia. El mensaje es claro: o se corrige el rumbo, o el campo sucreño colapsará”, puntualizó.