Penas que van entre uno y cuatro años de prisión, y el pago de hasta 100 salarios mínimos legales vigentes, son las sanciones que deben pagar aquellos que tengan conexiones ilegales de servicios públicos en el país.

La extrema sequía que se vive en el Atlántico desde hace varios meses ha llevado a que muchos de sus habitantes tengan que ingeniarse formas para contar con el líquido para su consumo personal y para las labores rurales en las que se requiere se uso. (Lea: Produzca agua potable a partir del aire en época de verano)

Sin embargo, no todos los ciudadanos lo hacen de forma legal. Esto se evidenció durante unos operativos adelantados por la Secretaría del Interior del departamento con apoyo de la Fiscalía, el Ejército y el CTI, en los que hallaron 17 conexiones ilegales del recurso hídrico en predios ubicados en poblaciones como Vaivén, Piojó, Delicias y Guaimaral, las cuales se estaban surtiendo del preciado líquido gracias al acueducto costero.

Según manifestó Edgardo Mendoza Ortega, jefe (e) de la cartera, una vez retiradas las uniones con las que se extraía el recurso de forma fraudulenta, se van a realizar algunos trámites administrativos y penales, según lo requiera cada caso. (Lea: Campesinos usan técnica prehispánica de reserva de agua contra sequía)

“La empresa Triple A, afectada por el delito, se encargará de analizar de forma particular a los 17 predios, a fin de establecer el castigo correspondiente a cada responsable”, aseveró Mendoza Ortega, quien confirmó que se le dará continuidad a los operativos y se van a pagar recompensas a quienes colaboren denunciando conexiones ilegales en el Atlántico.

Adecuaciones como estas, son las que algunos hacen en los predios para robarse el líquido. 

Foto: carlospuerta.psuv.org

Ante este hecho, CONtexto Ganadero consultó con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, con el propósito de saber si dicha entidad emite alguna sanción a quienes por viveza se conectan de forma fraudulenta a los acueductos del departamento, pero Andrés Montes, encargado del área de comunicaciones, aseveró que esa es una responsabilidad de las autoridades competentes o de la empresa afectada. (Lea: Promesas del Gobierno sobre recursos hídricos se hundieron)

Indagamos y constatamos que la ley sí castiga, y de forma severa, a los colombianos que roban cualquier clase de servicio público. Así lo exponen los artículos 256  y 351 del código penal colombiano, ya que se cometen los delitos de defraudación de servicios públicos y daño en obras de utilidad social, los cuales tienen penas que van de uno a 10 años de prisión.

“Art. 256: El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno, incurrirá en prisión de (16) a (72) meses y en multa de uno (1) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales, según la modificación hecha en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004”, expone el código.

“Art. 351: El que dañe total o parcialmente obra destinada a la captación, conducción, embalsa, almacenamiento, tratamiento o distribución de aguas, incurrirá en prisión de dos (2) a diez (10) años y multa de (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, asevera el documento, el cual explica que el objeto material serán no solo las barreras, diques, y demás obras de utilidad social común contra las aguas, sino también las obras hidráulicas. Esta concepción trae como consecuencia la ampliación del objeto material incluyendo embalses, presas, plantas de tratamiento, canales o tuberías de conducción, con lo cual no solo protegería la defensa común contra las aguas, también el servicio de acueducto desde su captación hasta que llegue al consumidor.  (Lea: En Santander no hay plata para agua, pero sí para el Ecoparque)

Uriel Ortiz Soto, en su columna para la Revista Semana, sostiene que nadie entiende porqué las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, que son las llamadas a liderar los procesos de prevención en el cambio climático se encuentran dormidas. Esto en alusión a que los robos se vienen dando como consecuencia de la rigurosidad del verano que vive el país.

El columnista asevera, coincidiendo en ello con lo que se ha expuesto en este diario, que esta situación era previsible. Por ahora, solos adelantar obras de mitigación que permitan evitar un desabastecimiento total del recurso y de los productos de la canasta familiar, lo que haría más complejo aún el panorama.