La comunidad de la región amazónica ya dejó claras sus principales preocupaciones ante la Procuraduría General de la Nación en materia agrícola, ambiental, minera y de gestión territorial, el paso a seguir será trabajar por la adecuada administración de las finanzas.

La falta de infraestructura para la transformación de materia prima, decrecimiento del sector pesquero, poca compatibilidad de productos, un mercado limitado por los cupos amazónicos, conectividad deficiente y un inadecuado y deficiente aprovechamiento de la biodiversidad amazónica, así como desigualdad en materia de competitividad con los productos brasileros y peruanos, por lo que reclaman esquemas de subsidios de desarrollo y búsqueda de mercados de sus productos, son los principales problemas que enfrenta el amazonas en materia agrícola.

En el ejercicio preventivo de consulta, el Ministerio Público estableció que es inaplazable el fortalecimiento institucional del sistema de administración de reforma agraria en la región amazónica, pues se evidenciaron pocos resultados en los programas de dotación de tierras a las comunidades indígenas, en perjuicio de su supervivencia, sus actividades tradicionales y su subsistencia, según señala el portal de noticias Amazonas2030.

En cuanto a la situación en materia ambiental en la región, se encontró que los efectos del cambio climático han afectado seriamente a los ecosistemas y a la población amazónica y que la adaptación a este fenómeno constituye un gran desafío, pues se trata de una región que representa el 40% de los bosques tropicales del mundo, además de cumplir funciones reguladoras del clima y albergar cerca de 7.200 especies, de las cuales 1.200 tienen usos medicinales y ornamentales.

Como lo indica el portal, las autoridades ambientales de la región amazónica reclaman el fortalecimiento de los sistemas de información, de manera que faciliten el conocimiento de los usos que se puedan dar a los recursos naturales y la definición de alternativas que favorezcan el desarrollo sostenible. Cabe destacar que el 60% del área de influencia de la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía) está dentro del sistema de áreas protegidas, con sus implicaciones sociales, económicas y ambientales. El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) propone, entre otros aspectos, la implementación de proyectos sostenibles en las áreas ya intervenidas y la sustracción de áreas en las que se ha realizado minería.

En relación a la minería en territorios indígenas, se ha pretendido desarrollar la figura de “zona minera indígena”, pero estas comunidades generalmente no cuentan con la capacidad técnica para ejecutar actividades de esta naturaleza, viéndose obligados a realizar concesiones con terceros para que las desarrollen. Coinciden las autoridades locales con los voceros del Ministerio de Minas y Energía, en el sentido de que la prioridad en esta materia en la región amazónica es el combate a la minería ilegal, que representa graves consecuencias ambientales, sociales y económicas.

Según dice Amazonas 2030, para el Ministerio Público se hace necesario promover un examen integral del tema minero desde las perspectivas económica, social y ambiental, ya que se han entregado títulos en forma desmedida sobre áreas de especial importancia ecológica. También llama la atención sobre la importancia de incorporar la variable ambiental en los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios amazónicos para la definición, entre otras cosas, del modelo de desarrollo minero que requiere la región.

“Se hace necesario analizar con especial cuidado el ordenamiento territorial de la Amazonía, teniendo en cuenta que se han evidenciado dinámicas de transformación del territorio, entre otras razones, por los grandes intereses mineros y por la explotación de hidrocarburos. Se tienen fundadas esperanzas en que el desarrollo reglamentario de la Ley de Ordenamiento Territorial reconozca la realidad de la región amazónica, en sus componentes económico, social y ambiental”, señala el documento público del Ministerio.

De igual manera resalta la importancia de consolidar los mercados para los productos amazónicos, como un espacio para contribuir a solucionar el problema de pobreza extrema que afecta la región; esto dentro de un marco de uso racional de la biodiversidad para el bienestar y el desarrollo, a través de la promoción de proyectos que apoyen a los productores amazónicos asociados.

Los voceros de los grupos indígenas evidenciaron los problemas de gobernabilidad que se presentan sobre la gestión de los recursos naturales, ya que si bien es cierto la Constitución Política reconoce a la autoridad indígena en los resguardos, la administración de los recursos naturales es competencia de la autoridad ambiental. Tal como ha venido ocurriendo con San Andrés, las comunidades reclaman con insistencia un régimen especial para la región amazónica, dadas sus particularidades condiciones sociales, económicas y ambientales.