Esa noche, solo unas 150 personas hicieron presencia en el predio y empezaron a delinear las parcelas en las que se distribuirían el terreno. Sin embargo, actualmente ese grupo se ha multiplicado por 10, haciendo cada más incontrolable la situación en el presente y complicando jurídicamente el desalojo en el futuro.

“Ante la indiferencia de las autoridades, que no han actuado oportunamente, en el predio hay actualmente en pie más de 500 cambuches (lo que significa que hay por lo menos 1500 personas invadiendo). Hacen lo que se le da la gana: motos, carros, lo que usted quiera todo el día pisando el pasto. Entre los invasores hay gente de toda traza: buena, regular, mala”, comentó Bernardo Lema, preocupado por la demora en la diligencia de desalojo.

Paradójicamente y contra toda lógica, quienes se intentan apropiar ilegalmente del bien inmueble en comento, ubicado en zona rural del municipio de San José de Ure, Córdoba, aseguran no tienen nada contra la persona, familia y patrimonio de Bernardo Lema, sino que buscan agilizar por esa vía trámites administrativos.

“En varias reuniones que hemos sostenido con los líderes de la invasión, nos manifiestan que no es una acción contra nosotros, sino que es un mecanismo para presionar a la Alcaldía municipal, entidad a la que le solicitan lotes para hacer casas”, dio con cierto halo de resignación el damnificado empresario del campo.

A renglón seguido, precisa que aunque no tiene al momento el valor estimado de los daños provocados a la hacienda por los invasores, estos son bastante elevados por el número de personas que actualmente están dentro de la haciendo y as actividades que han venido desarrollando.

“Andando motos por todos lados, cortando alambrados, acabando con el pasto, cortando árboles, eso acaba no solo con esta, sino con cualquier finca. Estamos esperando que se cumplan y ejecuten los protocoles que establece la Ley, porque nosotros hemos sido diligentes a la hora de interponer las denuncias y las querellas antes las autoridades competentes, pero, a medida que pasan los días, no aparecen las entidades administrativas y de policía, pero sí los invasores que ya ocuparon prácticamente todo el terreno”, explicó Bernardo Lema.

Otro de los problemas que ha imposibilitado la restitución del dominio del bien inmueble, tiene que ver con el número de personas actualmente en el sitio, la imposibilidad operativa de la policía del municipio de llevar a cabo el desalojo y el temor de los jornaleros de la zona a trabajar derribando los más de 500 ranchos de plásticos que levantaron en el terreno.

Finalmente, aunque reconoce el acompañamiento moral que ha tenido por parte de los productores de la región por la difícil situación que está viviendo, el afectado productor, sin embargo, siente que hace falta un poco más y solicita a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) ayuda para recuperar su patrimonio y encontrar la mano de obra necesaria para acompañar el procedimiento de desalojo.

“Nos han dicho claramente que nadie quiere involucrarse a tumbar lo que levantó la misma gente de aquí, por eso, yo lo que necesito es que desde Fedegán me ayuden a conseguir personal de otras regiones del país para que me ayuden con esa labor que tanto temen los nativos y poder darle curso al procedimiento de restitución del dominio de la finca, porque dicen desde la Policía que si no se derriban los cambuches, vuelven a invadir”, puntualizó Bernardo Lema.