En las zonas rurales de Colombia, la extorsión y el secuestro han convertido a los ganaderos en blanco constante de los grupos armados ilegales. Regiones como el Caribe, Arauca, Cauca y Norte de Santander, donde la presencia guerrillera del ELN y las FARC es fuerte, sufren los estragos de esta situación que parece lejos de resolverse.

Las medidas del gobierno y las acciones de las autoridades han demostrado ser insuficientes, lo que lleva a cuestionamientos sobre el rumbo de los procesos de paz y la capacidad del Estado para garantizar seguridad en el campo.

Según Juan Camilo Restrepo, exnegociador con el ELN, es fundamental que el gobierno exija el fin del secuestro como condición previa para continuar cualquier diálogo de paz con el grupo insurgente. «El ELN tiene el deber de respetar el derecho internacional humanitario, y una de sus premisas principales es no al secuestro extorsivo», afirmó Restrepo.

Esta exigencia no es negociable: está consagrada en los Protocolos de Ginebra desde mediados del siglo pasado y es un pilar básico del derecho humanitario. Restrepo señala que mientras no se trace una «línea roja» clara respecto a esta práctica, los diálogos de paz seguirán siendo una «burla», ya que el secuestro persiste en las zonas controladas por el ELN.

Las cifras y los testimonios coinciden en que donde hay mayor presencia guerrillera, la inseguridad para los ganaderos es más aguda. La extorsión se ha convertido en un medio de financiación de estos grupos, quienes, al margen de la ley, abusan de los civiles no combatientes, violando de manera sistemática el derecho humanitario. «No es coincidencia», agregó Restrepo, «que en las áreas donde opera el ELN se registren más casos de secuestro».

Por su parte, Rubén Darío Lizarralde, exministro de Agricultura, coincide en que el marco legal para enfrentar esta problemática existe, pero la debilidad institucional impide su aplicación efectiva.

«La normatividad es clara. Corresponde a la Policía, a los jueces y a la Fiscalía actuar para detener y procesar a los responsables de estos delitos», sostuvo Lizarralde. Sin embargo, la realidad es que estas instituciones no están cumpliendo su función de manera adecuada, lo que ha permitido que la extorsión y el secuestro aumenten.

Lizarralde propuso una solución basada en la organización civil. «Es momento de que los ganaderos, abogados y ciudadanos se unan para crear un frente común que presione a las autoridades». Estas redes de comunicación pueden alertar de forma inmediata a la Policía, el Ejército y los grupos Gaula para que actúen con rapidez. La acción colectiva de los civiles, sostuvo Lizarralde, puede compensar las fallas del Estado y garantizar una respuesta más efectiva.

Aun así, no deja de ser preocupante que la responsabilidad de garantizar la seguridad esté recayendo cada vez más en los propios ciudadanos. La falta de contundencia por parte de las autoridades y la percepción de impunidad alimentan la desesperanza.

Lizarralde advierte que «sería absurdo esperar un cambio de gobierno para reaccionar». La situación demanda soluciones inmediatas y efectivas.

La extorsión y el secuestro no solo afectan a los ganaderos y sus familias, sino que también ponen en riesgo la estabilidad del sector agropecuario y la economía rural del país. Si el Estado no toma acciones contundentes y si los grupos insurgentes no renuncian a estas prácticas, el campo colombiano seguirá siendo una zona de miedo y violencia.

Mientras se espera una respuesta efectiva del gobierno y de las autoridades, la organización civil se erige como un mecanismo de resistencia y protección. Sin embargo, este no puede ser el único camino.

Es imperativo que el respeto al derecho internacional humanitario sea una condición innegociable en cualquier proceso de paz y que las fuerzas del Estado retomen el control efectivo de los territorios azotados por el flagelo de la extorsión y el secuestro. De lo contrario, el futuro de la seguridad rural en Colombia seguirá siendo incierto.