La Dicar reveló que el hecho se presentó en la ciudad de Cúcuta el pasado jueves 10 de septiembre. La carne decomisada tiene un valor cercano a los 45 millones y fue dejada a disposición de la Dian en la región. Lafaurie pide controlar situación de contrabando.   Un importante golpe contra la delincuencia propinaron miembros de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, Dicar, en la ciudad fronteriza, luego del decomiso hecho en cenabastos de 2.652 kilos de carne de canal, 281 de vísceras rojas, 75 de blancas, y 105 de patas.   “La carne está avaluada en $44 millones 965 mil 561y se encontraba dentro de un vehículo tipo furgón, marca Ford, el cual se encontraba parqueado en estado de abandono, motivo de la incautación por su dudosa procedencia y por las condiciones sanitarias del transporte”, reseñó la entidad. (Lea: Consumo de carne dañada podría desatar crisis de salubridad en frontera)   El material incautado fue dejado a disposicón de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, en la región.   Precisamente, sobre el tema había hablado en entrevista con la emisora Todelar, José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, quien sostuvo que desde hace varios años ha venido advirtiendo que cerca del 70 % de la carne que consumen los estratos bajos y medio proviene del contrabando.   “El 70 % de la informalidad hace referencia a una suma en torno a los $8 billones (…) le repito el llamado a las entidades de salubridad del país para que controlen el tema y busquen la solución al contrabando”, manifestó.   El dirigente cuestionó también el hecho de que la demanda de carne de Cúcuta se encuentra cubierta con normalidad, a pesar de tener la frontera cerrada hace 20 días y que las plantas en la región no sacrifiquen más de 30 animales por día.   Ante esa situación, Lafaurie Rivera dijo que “se evidencia el contrabando en la frontera manejado por mafias que hacen que los cucuteños consuman carne insalubre”.   Concluyó el presidente de la Federación asegurando que la ilegalidad termina muchas veces afectando a la gente con menores ingresos, que desconoce el origen del producto que consume y en consecuencia ignora si cumple con lo que exige la normativa de salud pública.