El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos tomó la decisión de cancelar las mesas de diálogo con los campesinos de Catatumbo, ante el rechazo de la población de finalizar los bloqueos viales y la insistencia de declarar una Zona de Reserva.

El 10 de julio pasado se completó un mes de las protestas a las que han asistido más de 15 voceros del Estado sin alcanzar resultados favorables.

Los delegados del Gobierno que arribaron a Tibú y Cúcuta durante la semana regresaron a la capital del país a rendir un informe sobre la situación en la región. (Lea: “Catatumbo es el preludio de la violencia y falta de Gobierno”: Lafaurie)

Los campesinos insisten en la declaratoria de la Zona de Reserva que es uno de los puntos que trata el Gobierno con las Farc en la Habana, Cuba. Por eso, se ha adjudicado que el tema es de interés exclusivo del grupo guerrillero y no de la población rural.

Disputa entre el Estado y la ONU

Al desalentador panorama en Catatumbo se suma la intervención de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia que afirmó que se han presentado “abusos” de la fuerza pública en el manejo del orden en la zona, además señaló que la muerte de los 4 campesinos habría sido provocada por la autoridad. (Lea: Negociadores esperan concretar el fin del conflicto en Catatumbo)

Después del anuncio de la ONU, el Ministerio de Defensa dijo que es “irresponsable y temerario hacer cualquier afirmación” al respecto, sin que haya finalizado la investigación correspondiente.

El Ministerio agregó que la Fiscalía será la que determine también quiénes son los responsables de los 42 heridos de la Policía. (Lea: "Situación en Catatumbo se debe al proceso de paz": Rafael Guarín)

La ONU aseveró en un informe que “en los hechos violentos quedaron heridos tanto manifestantes como miembros de la fuerza pública”.

El Gobierno define este 11 de julio si se retoman o cancelan definitivamente las conversaciones con campesinos, si estos no cumplen con las advertencias hechas.