Mientras que en Antioquia parte del dinero recaudado ha sido usado para mejorar algunas plantas de beneficio, en otros departamentos los recursos se quedan en las arcas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario sin que se destinen al sector bovino.   El cobro del impuesto de degüello es un tributo que deben pagar los colombianos que benefician una res sin importar el destino de la carne del animal. El valor que se debe pagar equivale a un salario mínimo legal diario vigente (SMLDV), dinero que va a las rentas del departamento en el que se haga el sacrificio del semoviente.    Sin embargo, en Antioquia, la Gobernación a través de la Secretaría de Agricultura viene utilizando parte de esos recursos en la modernización y reparación de las plantas de beneficio que hacen parte del Plan de Racionalización con el propósito de que el departamento cumpla los requisitos del Decreto 1500. (Lea: Impuesto de degüello en Risaralda será recaudado por la Gobernación)   Ante esa iniciativa, este diario consultó con diversos dirigentes gremiales sobre el uso que las administraciones departamentales le vienen dando al impuesto y si se ha pensado en destinarlo en apoyar aquellos frigoríficos que requieren obras urgentes.   Andrés Hoyos Arenas, presidente del Comité de Ganaderos de Norte de Santander, Coganor, indicó que el recaudo del tributo se destina para el área metropolitana de Cúcuta, de paso lamentó el mínimo pago que tiene el impuesto debido a que es uno de los más costosos del país ($24 mil 500). (Lea: Gobernación del Tolima controlará el impuesto al sacrificio de ganado)  

El dirigente reveló que el gremio le envió una comunicación a la Asamblea Departamental en donde le piden que intervengan el valor que se paga en la región por el faenado del ganado.   “En una presentación que le hice a la Asamblea denuncié los inconvenientes que genera un impuesto con un valor tan alto, ya que le abren la puerta a prácticas como el sacrificio clandestino o el contrabando. Por esa razón, los diputados prometieron intervenir para disminuir su precio. Además, al ser tan costoso se factura muy poco”, lamentó.   Por su parte, Eduardo Arias Castellanos, gerente del Comité de Ganaderos del Meta, señló que a través de la ordenanza de 2009 (vigente) se ordenó distribuir el 40 % de ese ingreso entre los municipios que hacen el degüello de los bovinos, mientras que el 60 % restante pasa a las arcas del departamento. (Lea: Cae recaudo del impuesto de degüello en Norte de Santander)   A través de ese estatuto, la Gobernación estipuló que esos dineros deben dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Agroeconómico y la Policía Nacional. El dirigente señaló que en el caso de los municipios, ellos tienen total autonomía sobre el uso y disposición del capital que llegue por cuenta del impuesto.   Escuche las declaraciones del dirigente del Meta.

“Desde el gremio siempre hemos dicho que ese tributo debe ser manejado por los comités de ganaderos, pero es un tema algo político y no se ha podido cambiar el uso que se le da a esos capitales. Lo ideal sería que a nosotros nos dieran la posibilidad de acceder a ellos en beneficio del sector, pero los intentos que hemos hecho para que así sea no han tenido éxito”, expuso Arias Castellanos.   En tanto, José de Silvestri, director ejecutivo de la Asociación de Ganaderos de la Costa Norte, Asoganorte, aseveró que los dineros que provienen del impuesto de degüello, así como ocurre en el caso del Meta, se dividen entre los municipios y el departamento. Gran parte de esos recursos van a las arcas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para que desde allí se ejecuten programas relacionados con el campo. (Lea: Aumento del impuesto al degüello enciende alarmas en Tolima)   “El gremio ha buscado que una parte de esos dineros vayan directamente a los ganaderos que son quienes pagan el tributo. Es una discusión que se viene dando tanto al interior de Asoganorte como con el departamento a ver cómo se logra que algunos de esos ingresos se inyecten en el sector pecuario”, reiteró.   El llamado de los dirigentes es que los dineros que aportan los ganaderos y pagan por el beneficio de una res, sean reinvertidos en programas que fortalezcan el rubro productivo o le apunten a cumplir el Decreto 1500 como ocurre en Antioquia.