Productores del municipio denunciaron que la explotación de puzolana está provocando un grave impacto ambiental en la región. Además de la desaparición de quebradas y deslizamientos de tierra, el agua contaminada ocasionó la muerte de las vacas.   A pesar de que los ganaderos llevan muchos años reclamando por los daños que ocasiona la minería en la región, ninguna entidad gubernamental les ha prestado atención frente a este problema.   “La minería está acabando las montañas que hacen parte del sistema de recarga hídrica, afectando las quebradas de Rejalgar y Varguitas. La de Pan de Azúcar se secó completamente por culpa de la explotaciones Alfagrés y Pantoja”, dijo un ganadero de la zona que pidió la reserva de su nombre. (Lea: Empresa antioqueña destina agua potable a minería en pleno verano)   Añadió que están acabando con los páramos y las especies nativas como los frailejones para extraer la puzolana, una roca volcánica que se emplea en la fabricación del cemento. El ganadero explicó que este material actúa como una esponja retenedora de agua que suelta durante el verano en quebradas y acueductos.   Sin embargo, debido a la extracción, el agua que cae en invierno no es absorbida sino que sigue su curso, por lo que las quebradas se secan más rápido. Pero no solo han desaparecido fuentes de agua, sino que la poca que resta, llega contaminada.   Otro productor de la zona relató cómo 2 familias ganaderas tuvieron que reubicar sus animales porque estaban consumiendo agua turbia, que les afectó el hígado y provocó la muerte. Incluso uno de ellos perdió 30 animales por esta causa. (Lea: Las 7 prácticas que harían desaparecer la ganadería)   Por su parte, el líder de uno de los acueductos veredales de la zona indicó que varias personas manifestaron dolores estomacales y diarrea por haber consumido el líqudo vital contaminado.    De otro lado, señalaron que la explotación está acabando con un patrimonio histórico, ya que está afectando al Pantano de Vargas, escenario de una de las batallas más importantes para la independencia de Colombia.   No solo existen quejas por las afectaciones, sino que los productores aducen que nunca se socializó ni el proyecto de minería que se está desarrollando ni el plan de manejo ambiental que se iba a implementar.   Otro fuerte cuestionamiento que hacen a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, es el haber autorizado la actividad minera a 200 metros de un predio que había sido reforestado por la misma entidad. (Lea: "Histórica" operación contra la minería ilegal y el ELN)   “No existen los estudios adecuados porque de estas montañas nacen las aguas termominerales de Paipa y se requieren análisis geotérmicos que nunca se hicieron. (…) Nuestra petición es que se suspenda la explotación hasta que no se hagan esos estudios”, dijeron los ganaderos.   Ellos han enviado cartas a diversas unidades del Estado y adelantado acciones populares frente a los estrados judiciales, sin obtener ninguna respuesta. Ellos acusaron a los abogados de las empresas mineras de dilatar el proceso.   También lamentaron que los entes territoriales no pueden pronunciarse sobre este tema, pues este tipo de explotación solo puede ser autorizada por la Nación. (Lea: Minería y problemas sanitarios afectan sector agro del Cesar)   Esto cambió en mayo de este año, pues la Corte Constitucional derogó el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 que le otorgaba facultades exclusivas al Gobierno Nacional sobre zonas de explotación minera. Sin embargo, los dueños de la explotación interpusieron un recurso de nulidad que está bajo estudio actualmente.   Los productores pidieron una pronta solución para evitar que sigan contaminándose las aguas y se sigan secando las quebradas, y la intervención de las autoridades estatales y ambientales para mitigar este problema.   Este diario intentó comunicarse con José Ricardo Lopez Dulcey, director de Corpoboyacá, para conocer la posición de la entidad frente a este tema, pero hasta el momento de esta publicación no obtuvimos respuesta.