A pesar del anuncio hecho hace menos de un año por el ministro de Agricultura, en la zona hay mucha preocupación con la formalización de los predios. Incluso, hay familias teniendo que defender el suelo en el que han trabajado por décadas.   En septiembre de 2015, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, participó en el Foro Expogestión Orinoquía, en el que aseveró que no es verdad que el Gobierno Santos vaya a entrar a la Altillanura a quitarle la tierra a los colonos, por cuenta de algunos rumores suscitados frente a esa problemática. (Lea: Uso indebido de Ley de Víctimas perjudica a dueños legítimos de tierra)   “A los colonos les digo que estén tranquilos, que no hay ninguna posibilidad de que el Gobierno Nacional venga a quitarle las tierras a esos 70 mil colonos que llegaron hace 2 o 3 generaciones y que son la gente que forma parte de estos departamentos”, aseguró en su momento.   Sin embargo, en la región hay mucho temor por lo que pueda ocurrir con los terrenos que están en riesgo y en los que han trabajado miles de campesinos. Douglas López Chaquea, abogado e integrante de la Asociación para la Defensa y la Dignidad Llanera, Dignillanos, aseguró que hay mucha desinformación con el tema, especialmente porque en la Altillanura hay mucha tierra que no se ha formalizado.   Agregó que los baldíos con los que cuenta el Estado para el posconflicto están siendo ocupados y explotados por personas y campesinos. “El Superintendente de Notariado y Registro dijo que si la Corte Constitucional no revisaba cuidadosamente y echaba abajo la tutela 1776 fallada en enero de este año, el Gobierno se iba a quedar sin el banco de tierras, es decir, está contando con esos terrenos que están siendo explotados y ocupados por campesinos”, desarrolló el jurista. (Lea: Productores del Carmen de Bolívar son víctimas de Ley de Restitución)   López Chaquea afirmó que aunque la preocupación es general, está más acentuada en los lugares más lejanos porque allí hay mucha más informalidad. Esos son los casos de Vichada, Puerto Gaitán (Meta), y el oriente del Casanare.   “Es cierto que la gente ha tenido sus tierras y las ha heredado de generación en generación, por lo que da mucha rabia que el Gobierno se las vaya a quitar así de manera tajante”, amplió.   El caso de la familia Enciso Quevedo   Luz Mery, es una de las 5 hijas del fallecido Eliseo Enciso Almeida. Aseguró que tras su deceso, han tenido muchas dificultades para poder titular la finca que como herencia les dejó su papá en Puerto Gaitán, Meta. La familia recibió el predio en 2013 para que trabajaran en él, sin embargo, desde años antes no ha sido posible hacer la titulación del lugar. (Lea: Inversión económica en Meta está paralizada por restitución de tierras)   Tras muchas peticiones al Incoder, lograron que les entregaran 3 de los 4 títulos solicitados, pero esos documentos solo están cobijados con una resolución de dicha entidad y no han salido las cédulas catastrales, ya que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi se niega hacerlo. Además, el instituto cometió un error y le adicionaron a la finca 12 mil hectáreas más cuando su área era de 6.300 hectáreas, por lo que en este momento les están cobrando impuestos sobre 18 mil.   “Desde Dignillanos hemos emprendido muchas acciones judiciales para proteger nuestros territorios. Incluso, enviamos un derecho de petición al IGAC pidiendo que nos den las cédulas catastrales, pero no ha sido posible. Tampoco hemos ido más allá porque el último recurso que nos queda es entablar una tutela. Ya llevamos 3 años en ese trámite y no nos contestan los derechos de petición o las respuestas son pidiendo más documentos que ya hemos enviado varias veces. Siempre es así”, relató Enciso.   En el predio de la familia se creó el grupo empresarial ‘El Veladero’ que es el que administra la finca. Allí funciona una plantación de caucho, cuyo propósito es llegar a 100 hectáreas del cultivo; hay explotación de ganado y están adelantando un trabajo ecoturístico. También tienen una fundación y a través de ella están haciendo una investigación para mejorar las pasturas y la tierra. Ese trabajo ha recibido el apoyo de varios Organizaciones No Gubernamentales. (Lea: Ganaderos son víctimas del programa de restitución de tierras)   No obstante, Luz Mery no ocultó su preocupación no solo con la Ley de Restitución de tierras, sino con la Ley Zidres, ya que a su juicio los terrenos se los van a entregar a multinacionales para que los exploten, afectando a los campesinos que han estado por generaciones en la Orinoquía.   “Nosotros no queremos que vengan compañías extranjeras a decirnos qué hacer sobre nuestro terreno y menos permitir que el Gobierno lo haga, porque nosotros ya sabemos qué podemos explotar y cómo aprovechar lo que mi papá nos dejó”, remató.