Tras más de 15 años de la expedición del Decreto 1500 de 2007, que estableció el reglamento técnico a través del cual se creó el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados Cárnicos, destinados para el Consumo Humano, el país ha avanzado de forma significativa en la formalización de las plantas de beneficio animal.

Según el más reciente reporte del Invima con corte a diciembre de 2023, actualmente existen 497 plantas de beneficio, desprese y desposte de bovinos, porcinos y aves que cuentan con autorización sanitaria bajo esta normativa, así como acondicionadores que sirven para hacer el corte y el almacenamiento de canales procedentes de los mataderos.

Del total de establecimientos, 398 corresponden a plantas y 99 a acondicionadores. De las primeras, 211 efectúan el sacrificio de solo bovinos o con porcinos, en tanto que solo de porcinos lo hacen 64 y solo de sacrificio de aves son 132. (Lea en CONtexto ganadero: Faltan 31 plantas por certificarse en Decreto 1500 tras 7 años de vigencia)

Estos establecimientos se encuentran distribuidas en 28 departamentos, con mayor presencia en Antioquia, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca. Estos 4 departamentos y la capital concentran más de la mitad (300) de los 497 sitios autorizados (entre plantas y acondicionadores) a nivel nacional hasta diciembre de 2023. Están distribuidas así:

• Antioquia: 113
• Bogotá: 73
• Cundinamarca: 49
• Santander: 37
• Valle del Cauca: 28

Otros departamentos que también destacan, aunque con menor número de plantas habilitadas, son:

• Norte de Santander: 24
• Boyacá: 23
• Meta: 18
• Risaralda: 17
• Nariño y Huila: 14
• Atlántico: 12

Para el caso de plantas de beneficio bovino autorizadas, el documento revela que la mayor cantidad están en los siguientes departamentos:

• Antioquia: 40 plantas
• Cundinamarca: 22 plantas
• Norte de Santander: 17 plantas
• Boyacá: 14 plantas
• Bogotá y Santander: 12 plantas
• Valle del Cauca: 11 plantas
• Meta: 9 plantas
• Atlántico, Huila y Risaralda: 7 plantas
• Caldas, Córdoba y Tolima: 5 plantas

Sin embargo, cabe aclarar que varias plantas e incluso acondicionadores han sido cerrados voluntariamente, exactamente 28. De estos, 18 están dedicadas al trabajo con sacrificio de ganado bovino.

Plantas que aún están bajo autorización provisional

De forma paralela, desde 2019 entró en vigencia el Decreto 1975, que estableció requisitos diferenciados para plantas de menor capacidad, flexibilizando algunas condiciones para aquellas con sacrificio de hasta 15 bovinos o 100 porcinos a la semana. El reporte del Invima registra 24 plantas abiertas bajo este decreto.

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La formalización de las plantas de beneficio animal también ha permitido mejorar las condiciones laborales, el manejo de residuos, la trazabilidad y el bienestar animal, con beneficios tanto económicos como sanitarios para toda la cadena productiva cárnica.

No obstante, el camino no ha estado exento de dificultades. Persisten sacrificios ilegales y el cierre de algunas plantas que no lograron cumplir los requisitos. Por esto, gremios del sector solicitan mayores plazos y apoyo en aspectos como acceso a crédito y asistencia técnica para que más establecimientos puedan formalizarse.

En noviembre de 2023, el presidente Gustavo Petro expidió un decreto bajo el cual se pretende revivir los mataderos de carne municipales. El proyecto, llamado Plantas de beneficio animal categoría autoconsumo, tenía como objetivo bajar los precios de la carne en algunas regiones del país.

Para los expertos, la medida podría afectar a aquellas plantas que sí están formalizadas y llevan varios años haciendo cuantiosas inversiones para ajustarse a las exigencias del 1500, que busca garantizar alimentos inocuos para los consumidores.

Por ello, el Gobierno determinó que estas plantas solo abastecerán a los municipios donde están y si quieren vender carne fuera de su jurisdicción, deben pedir permiso ante el Invima para hacerlo.

De acuerdo con Óscar Cubillos Pedraza, jefe de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán-FNG, el éxito del nuevo decreto depende en gran medida de los entes territoriales, específicamente de las secretarías de Salud.

Si no se realiza una supervisión adecuada y un seguimiento riguroso por parte de estos entes, la efectividad del decreto podría verse comprometida. La posición del gremio cúpula de la ganadería es clara: sin control efectivo, este decreto podría estar condenado al fracaso.

Por ahora, el informe del Invima hasta el 31 de diciembre solamente tuvo en cuenta lo establecido en el Decreto 1500, el Decreto 2270 de 2012 y el Decreto 1975 de 2019, que mantiene la normativa anterior. Falta ver si en los próximos informes se incluirá la nueva norma decretada por el Gobierno actual.