María observa el lento paso de una tortuga en Chibolo, norte de Colombia, y describe el regreso a su tierra tras haber sido desplazada por los paramilitares: "La morrocoy se demora en avanzar y volver es así: hay dolor, pero también alegría de haber sobrevivido".

María Ramos, desterrada hace 17 años del municipio de Chibolo, en el departamento de Magdalena, por las milicias ilegales de extrema derecha lideradas por el temido Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, es una de las 5,3 millones de desplazados en Colombia, según cifras de la ONU.

Pero para ella, como para muchos favorecidos por una ley de restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado, aprobada en 2011, regresar fue un segundo desarraigo. (Lea: Santa Rosa, barriada de víctimas y victimarios del conflicto en Colombia)

"Volver es un proceso como el paso de la tortuga. Las tortugas necesitan su tiempo y también volver a la tierra es como vivir otro desplazamiento", explicó a la AFP María, una maestra de 28 años que tenía apenas 12 cuando debió irse con su familia.

En el camino de tierra que une las fincas del municipio, hombres a caballo arrean un rebaño de escuálidas vacas brahmánicas. Algunas mariposas amarillas que revolotean recuerdan que a menos de 100 km está Aracataca, el pueblo natal de Gabriel García Márquez.

En Colombia, segundo país en despojo de tierras detrás de Sudán según el Banco Mundial, las autoridades estiman que 6 millones de hectáreas han sido arrebatadas a sus legítimos dueños por el conflicto armado, que se extiende desde hace más de 50 años e involucra a guerrillas de izquierda, paramilitares, agentes del Estado y bandas criminales.

Hasta el año pasado, el Gobierno había recibido 12 mil pedidos de restitución de tierras por un total de 482 mil hectáreas, aunque espera atender 30 veces más casos.

"El 17 de julio de 1997 llegó "Jorge 40" a esta zona, reunió a 72 familias y les dijo que tenían un plazo de 8 días para abandonar sus tierras. La

mayoría se fue luego de que, tras cumplirse el plazo, los paramilitares ejecutaran al pastor religioso que se negó a marcharse", dijo a la AFP Sheila Sanín, directora de la Unidad de Atención a las Víctimas del Magdalena.

El regreso no solo tiene un costo emocional, sino también de seguridad: muchos terrenos, por ejemplo, todavía están sembrados de minas. Además, aunque unos 32 mil paramilitares dejaron las armas en todo el país entre 2003 y 2006, de ese proceso surgieron grupos que siguen delinquiendo.

"Partir de cero"

En Chibolo, un 16 % de sus 16 mil habitantes sufrió el desplazamiento forzado. Además se registraron 238 muertos por masacres y 60 desaparecidos. En el cuartel de "Jorge 40", actualmente preso en Estados Unidos, ahora hay un Centro para la Memoria Histórica.

El hermano de María cuenta que al retornar al campo familiar, la casa y las animales habían desaparecido. Solo quedaban las tortugas.

"Hubo que partir de cero, al principio volvíamos solo los hombres. Cuando recién llegábamos ni siquiera construíamos casa, por el miedo. Al traer los animales esto era como Adán y Eva, traíamos dos y a ellos les tocaba reproducirse", dijo a la AFP Alfonso Ramos, mientras se acomoda el sombrero "vueltiao", típico del Caribe colombiano. (Lea: 800 familias campesinas de Usme, desplazadas por avance urbano)

Para María, regresar también ha implicado dejar de ejercer como maestra, aunque espera que el próximo año pueda volver a enseñar en Chibolo.

"Fue difícil volver porque uno se había adaptado a otro medio de vivir. Uno se adapta a comodidades y aquí al llegar tocaba ir en burro a comprar al pueblo", cuenta Rosaide Gutiérrez, de 19 años, mientras revuelve un cazo con café en un fogón sobre la tierra.

Sin embargo, Rafael Rodríguez, un campesino de 57 años, recuerda que el calvario también fue para quienes se quedaron.

"Era como estar preso en la propia casa. Vivíamos callados y constantemente amenazados. Por aquí veíamos pasar los carros con la gente amarrada. Aquí no se ha contado toda la historia, ni la verdad que es que uno de nuestros carceleros fue el Estado", dijo Rodríguez, deplorando la omisión de las autoridades para garantizar la seguridad de la población.

"El Estado tiene una deuda pendiente con las víctimas", reconoció Fabián Oyaga, director de la Unidad de Restitución de Tierras del Magdalena.