La minería ilegal está obligando a campesinos y ganaderos a abandonar sus tierras que han sido invadidas y arrasadas por esta actividad. Pero además, amenazados y con miedo, los dueños de los predios están desprotegidos y buscan refugio en las ciudades.

No hubo tiempo de reaccionar. El sicario se acercó rápidamente a Humberto Cadavid Restrepo, mientras él abordaba un vehículo rumbo a su finca, ubicada en Riosucio, Caldas, y sin mediar palabra le propinó 4 impactos de bala, uno se alojó en el pulmón derecho y los demás fueron a parar a su brazo izquierdo. Ese 23 de febrero de 2012, el ganadero se encontraba en una reunión con entidades regionales, para llegar a un acuerdo sobre cómo detener la invasión de sus predios por cuenta de la explotación de minerales. La acción criminal traía un mensaje implícito muy claro: ‘abandone la finca o prepárese para lo peor’. Este hombre, oriundo de Medellín, por fortuna se salvó del incidente y hoy se recupera satisfactoriamente.

El suplicio para Cadavid Restrepo comenzó hace más un año, luego de haber comprobado que del subsuelo de su finca se podría extraer oro. En poco tiempo arribó al lugar un grupo de mineros ilegales que, al parecer, con el beneplácito de la Central Hidroeléctrica de Caldas, CHEC, empezó a instalar postes, redes y transformadores de energía; irrumpiendo sin permiso en la propiedad.

Ante la situación, el ganadero buscó apoyo del Gobierno y escribió cartas a la Procuraduría, la Fiscalía, la Alcaldía de Riosucío, la Gobernación de Caldas, la Delegación Minera, EPM Medellín y la CHEC; misivas que nunca tuvieron una respuesta concreta y por el contrario, fueron el detonante para que este grupo de mineros atentara contra su vida aquel jueves soleado de febrero.

‘La alcahuetería e intolerancia de la CHEC le permitieron a los mineros invadir mis predios, y las cartas que he enviado, incluso al Ministerio de Agricultura, no han valido de nada, solo lograron que esas personas, que todo el mundo conoce, atentaran contra mi vida y ahora nos amenacen constantemente a mi y a mi familia para que jamás regresemos a la zona’, explica con temor don Humberto.

Cadavid Restrepo además señala que actualmente en los terrenos, a los cuales pertenece su finca, se encuentran trabajando más de 80 personas lideradas por un reconocido comerciante de la población de Irra (a 5 minutos de Riosucio), quien presuntamente ordenó el atentado en su contra. ‘La complacencia de la CHEC ha permitido que esta y otras situaciones sigan sin control, en el CTI de la Fiscalía no han podido proceder con acciones de tipo penal o judicial porque la Alcaldía, según me cuentan, detiene y tranca ese tipo de procesos’, explica el ganadero.

Mientras tanto, este caso de explotación ilegal en Riosucio tiene en grave peligro un tramo de la vía Panamericana, la cual está siendo socavada en sus cimientos sin que hasta el momento las autoridades se pronuncien. Al mismo tiempo, la presencia de actividades mineras de dudoso origen se incrementan vertiginosamente, pues de acuerdo a fuentes regionales, ya son 21 los grupos de explotación que tienen a más de 500 trabajadores escarbando día y noche en busca de minerales.

Por su parte, Humberto Cadavid, quien abandonó la finca para refugiarse en alguna ciudad de Colombia, debe responder por los salarios de sus trabajadores y los impuestos de una tierra que desde hace casi un año no le genera ningún ingreso.