Tras decretar como reserva forestal a 4 municipios de Cundinamarca, la Corporación Autónoma Regional prohíbe que en los predios se desarrollen actividades agropecuarias. Productores piden acuerdo bilateral.

Por el Acuerdo 22 de 2009, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, declaró 38 mil hectáreas como Reserva Forestal Protectora y Manejo de Distrito Integrado del Páramo de Guargua y Laguna Verde, con el objetivo de proteger el páramo y una estrella hidrográfica con nacimientos hacia las cuencas de 3 ríos, Minero, Ubaté-Suárez y Bogotá.

El problema es que en estas áreas existen fincas dedicadas a las explotación agrícola y ganadera desde hace 50 años, en las cuales, a raíz del Acuerdo, no se podrá volver a sembrar, solicitar créditos, ni tener animales. (Lea: En Funza denuncian mal manejo de desechos por parte de la CAR)

De acuerdo con Miriam Peña, vocera de los habitantes de los municipios afectados Tausa, Cogua, Nemocón y Zipaquirá, más de 12 mil familias quedarán desempleadas por esta decisión “unilateral”.

“Los habitantes en estos 4 municipios somos más de 6.000, quienes siempre nos hemos dedicado a las actividades agropecuarias. Además de nosotros, existen otras 6.000 personas que, aunque habitan los pueblos urbanos, viven del trabajo realizado en el campo”, apuntó Peña. (Lea: El Nus, declarado como Reserva Forestal Protectora Regional)

Aunque el Acuerdo fue suscrito en 2009, el verdadero problema se comenzó a presentar 6 años después, pues las entidades gubernamentales les anunciaron a los propietarios que en sus tierras no se podría adelantar actividad alguna que atente contra el medio ambiente.

“Nosotros somos amigos de la naturaleza, porque con ella hemos convivido toda nuestra vida. Lo que queremos es que nos dejen continuar con nuestra actividad, que nos brinden la posibilidad de seguir con la siembra y la ganadería, pero cuidando el medio ambiente”, argumentó la líder en la zona. (Lea: Reformar las CAR, compromiso olvidado por el presidente Santos)

Frente a esta problemática, más de 2.000 familias se reunirán el próximo domingo 8 de marzo en el colegio de la vereda San Antonio para buscar una solución conjunta y presentarla ante la Corporación Autónoma y así encontrar una salida que beneficie a ambas partes.

CONtexto ganadero intentó en repetidas ocasiones hablar con Álvaro Arias y Carlos Alberto Muñoz, ingenieros de la CAR al frente del proceso, para conocer la opinión de la entidad frente a la posición de los habitantes, pero ambos funcionarios aseveraron que el tema aún era “complicado” para dar información tan pronto.