Ante esta problemática, que afecta directamente a 18 mil ciudadanos, la Defensoría del Pueblo le solicitó a la Cancillería adoptar medidas que desde el punto de vista diplomático sean pertinentes.

El pasado martes 8 de junio, la Defensoría del Pueblo, a través de su regional en Norte de Santander, conoció una denuncia instaurada por habitantes de los municipios de Ragonvalia y Herrán, en la frontera colombo-venezolana, por el derribo de tres puentes comunitarios que servían, no solo como paso sino como el principal canal de acceso para servicios como educación, salud y las actividades comerciales del sector agropecuario en ambos territorios.

De acuerdo con los reclamos acopiados por las Personerías Municipales y enviadas a la Defensoría seccional, como resultado de “confusos incidentes” entre ciudadanos y miembros del Ejército de Venezuela, entre el sábado 5 y el domingo 6 de julio, fueron derribados los puentes hamaca. (Lea: Inauguran puente que comunica a municipios de Boyacá y Santander)

“Estos puentes estaban localizados en la vereda La Colina, a una hora del casco urbano de Herrán, así como en el sector El Oasis, a orillas del río Táchira”, explica la Defensoría del Pueblo en su página web.

Asimismo, este medio conoció que militares venezolanos también habrían sobrepasado la frontera en días anteriores para hostigar a los pobladores, según la versión suministrada por uno de los afectados al Comando de Policía en Ragonvalia, en la que manifiestó que las puertas de varias viviendas fueron golpeadas por la milicia del vecino país.

Según la información recopilada por funcionarios de la entidad defensora, más de 17 mil 985 personas que residen en los dos municipios colombianos, y en la localidad Rafael Urdaneta del estado Táchira, en territorio venezolano, se estarían viendo afectadas por estos sucesos. (Lea: Comercialización agropecuaria se beneficia por arreglo de un puente)

De acuerdo con el alcalde del municipio de Herrán, Hernando José Cely Mogollón, la situación será puesta en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores para que se ahonde en el tema y se le busque una pronta solución.

“Se presentará un informe detallado a la Gobernación de Norte de Santander para que sea la entidad la que ponga en conocimiento de la Cancillería la problemática que se está viviendo”, señaló Cely Mogollón.

Defensoría pide intervención del Gobierno

Según la Defensoría del Pueblo, y dado que en lugares como la vereda Siberia, del municipio de Herrán, la precariedad de las vías es inmensa, los pobladores se ven obligados a buscar alternativas de subsistencia aprovechando los pasos comunitarios para acceder a servicios de salud y al abastecimiento de alimentos, entre otras actividades.

Por esa razón, y a pesar de la informalidad para el tránsito de personas, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores apersonarse del tema. (Lea: Los puentes y su importancia para la economía agropecuaria del país)

“Le pido al Ministerio revisar las denuncias y adoptar las medidas que desde el punto de vista diplomático resulten pertinentes para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y evitar una crisis humanitaria en la frontera”, aseveró Otálora Gómez.

Este medio habló con la oficina de comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual informó que aún no se tenía pronunciamiento oficial del tema.