La expansión del Frente 33 de las FARC, desde la subregión Catatumbo hacia la zona alta de La Esperanza (Norte de Santander) y San Alberto (Cesar), ha encendido las alarmas sobre el creciente riesgo para los habitantes de estas regiones. La Defensoría del Pueblo alertó sobre la posibilidad de que esta expansión aumente el reclutamiento forzado de niños y adolescentes y otras violaciones graves a los derechos humanos.

Según una reciente alerta de la Defensoría, los bloques Gentil Duarte y Jorge Suárez Briceño, así como el Frente Raúl Reyes, de las FARC, podrían intensificar sus actividades criminales en las áreas mencionadas. Esto incluiría los corregimientos Planes en La Esperanza y Trinidad y Fundación en San Alberto. La Defensoría teme que las acciones de estos grupos puedan poner en peligro los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de los residentes.

En respuesta a esta situación, la entidad de derechos humanos hizo un llamado urgente al gobierno nacional para que brinde apoyo adicional a las administraciones municipales de La Esperanza y San Alberto. La entidad solicitó un refuerzo en la capacidad de respuesta local para mitigar, prevenir y proteger a la población civil de los efectos del conflicto armado. Entre las medidas propuestas están la prevención de homicidios, extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados, y el reclutamiento forzado de menores.

La Defensoría también señaló que se ha identificado al menos a dos jóvenes vinculados a grupos armados ilegales, uno de los cuales huyó y está siendo buscado por estos grupos. Además de los problemas en La Esperanza y San Alberto, la presencia del Clan del Golfo en la parte plana de la región está empeorando la situación. Este grupo, con su Bloque Aristides Meza Páez y el Frente Edgar Madrid Benjumea, fortalece su presencia en el sur del departamento de Bolívar.

“La Defensoría ha formulado 20 recomendaciones a través de la Alerta Temprana de Inminencia 021 de 2024, con un enfoque en la seguridad humana y el cumplimiento de los derechos fundamentales. Insistimos en que el Estado debe cumplir con lo estipulado en la Constitución Política, los tratados de derechos humanos y el derecho internacional humanitario para garantizar la protección de las comunidades afectadas”, sostuvo Julio Balanta Mina, defensor del Pueblo.

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