Un mes después de la instalación formal del proceso en Noruega, país garante junto con Cuba del proceso de paz, las dos delegaciones postergaron hasta el lunes el inicio de las negociaciones, previstas originalmente para arrancar el 15 de noviembre.
El aplazamiento busca definir la participación ciudadana en el proceso, explicaron el gobierno y las FARC en un comunicado conjunto.
"La guerilla quiere incluir a representantes de la sociedad civil para ensanchar las negociaciones con temas sociales. Pero lo más probable es que las autoridades solo acepten que sean observadores, no actores activos", dijo a la AFP el politólogo Fernando Giraldo.
Aunque se declaró optimista frente a lo que se puede lograr, Giraldo advirtió sin embargo que las FARC "deben tener mucho cuidado y no presionar demasiado", pues el gobierno podría romper el diálogo.
Las delegaciones que dirigen el exvicepresidente Humberto de la Calle y el número dos de las FARC Iván Márquez trabajarán sobre una agenda ya acordada de cinco puntos: desarrollo agrario, participación política, drogas ilícitas, abandono de las armas, y víctimas.
Miembros de las FARC durante una conferencia de prensa en La Habana, el 4 de setiembre de 2012
© AFP Adalberto Roque
La desigualdad en el acceso a la propiedad en el campo, el primer tema que será abordado y que figura como causa del surgimiento de las FARC, se anuncia como uno de los puntos cruciales de estas conversaciones.
Según cifras de la ONU, en Colombia, uno de los países del mundo con mayor inequidad, más de la mitad de las tierras agrícolas pertenecen a 1% de la población.
Buena voluntad
La idea de suspender las penas de cárcel a los insurgentes es vista con recelo por las asociaciones de víctimas, pero también por sectores políticos radicalmente opuestos a una negociación con las FARC, luego de que en los últimos 30 años fracasaran tres intentos de ese tipo.
"Ese proceso de paz es un chiste. Nunca va a pasar con las FARC", comentó a la AFP un responsable militar que pidió reserva de su nombre.
En casi 50 años, el conflicto armado del que han participado también paramilitares de extrema derecha y grupos narcotraficantes y otras organizaciones guerrilleras de izquierda, ha dejado alrededor de 600.000 muertos, 15.000 desaparecidos y casi 4 millones de personas desplazadas por la fuerza.
"Si hay buena voluntad, hay acuerdos, si no hay buena voluntad, pues no hay acuerdos", dijo esta semana Santos, quien ha fijado en "meses y no años" el plazo de estas pláticas y rechaza declarar un cese el fuego hasta lograr un acuerdo final.
Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionrias de Colombia, comunistas) han sido arrinconadas en la última década a las zonas rurales más apartadas del país, con una política de combate frontal que ha contado con el apoyo logístico y financiero de Estados Unidos.
Aunque las FARC aún cuentan con unos 9.200 guerrilleros, esa cifra representa la mitad de los efectivos que tuvieron a fines de los años 1990.
Su comandante Timoleón Jiménez (Timochenko) ha expresado su "gran esperanza" de lograr la paz, luego de haber renunciado este año al secuestro de civiles confines de extorsión económica y haber liberado a los últimos diez policías y militares que las FARC
mantenían como rehenes.
Además, la guerrilla evalúa decretar una tregua en Navidad, según Carlos Lozano, dirigente del Partido Comunista colombiano que se entrevistó con los voceros de las FARC en La Habana.
Finalmente, la otra guerrilla izquierdista de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se declaró dispuesta a entablar también un proceso de paz con el gobierno, que en respuesta le pidió discreción.
Pero mientras tanto, en las zonas rurales los enfrentamientos prosiguen y ponen a prueba los nervios de sus habitantes, que se debaten entre la esperanza y la desconfianza.
Una semana antes del inicio del diálogo, un vehículo bomba que explotó en la población de Suárez (suroste), en la zona donde hace un año murió en un ataque militar el entonces comandante máximo de las FARC Alfonso Cano, dejó una veintena de personas heridas y cerca de 60 casas destruidas.
"Siempre son los civiles los damnificados. Ojalá termine todo eso con las negociaciones", dijo a la AFP Erwan Quintero, un comerciante de 32 años cuya tienda quedó entonces totalmente destruida.