Las incursiones ilegales en predios privados y baldíos siguen generando alarma entre la ciudadanía. Aunque existen leyes y procedimientos que protegen a los propietarios de la tierra, los invasores no respetan ni temen ser judicializados.

Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, quien destacó que el mayor número de casos se registran en el departamento del Cauca, manifestó que con los equipos de la entidad en el territorio “ha sido posible evidenciar que actualmente cerca de 6.000 familias estarían ejerciendo ocupación de predios rurales en distintos puntos de la geografía nacional”. De la totalidad, el 36 % se presentan en ese departamento.

La entidad ha identificado 108 casos de invasión de tierras en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca, Cesar, Chocó, Guainía, Huila, Magdalena, Valle del Cauca y Vichada.

En lo corrido del 2022 se han registrado 124 denuncias relacionadas con la invasión de tierras; se ha reportado la captura de 159 personas por el delito de usurpación de tierras; y 109 más por invasión ilegal.

Las invasiones se están presentado en dos aspectos, en primer lugar, comunidades rurales que carecen de tierra, no tienen acceso a un terreno y reclaman el derecho progresivo a la propiedad. Así mismo, se registran ocupaciones ejercidas por población étnica, que en el marco del ejercicio denominado como “liberación de la madre tierra”, ocupan zonas consideradas como parte de su territorialidad ancestral, étnica y cultural.

Las autoridades en los territorios indican que Grupos al margen de la ley estarían detrás de las invasiones de tierra.

De acuerdo con la ley, existen un tiempo inicial de 48 horas para que la víctima de la invasión ilegal instaure una querella, para que la Fuerza Pública proceda con el respectivo desalojo y judicialización de los implicados, que comenten cinco delitos plenamente tipificados.

“Es importante que se den la posibilidad de dialogar con el gobierno colombiano y buscar salidas a su situación”, agregó el comisionado de Paz, Danilo Rueda.