Las cárceles temporales de Colombia, como las comisarías y las denominadas Unidades de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía, se encuentran colapsadas por la superpoblación de detenidos, lo cual podría generar una "catástrofe", advirtieron autoridades.

La estatal Defensoría del Pueblo, entidad encargada de velar por los derechos humanos en Colombia, expresó públicamente su "preocupación de una posible catástrofe que se pueda presentar por el grave hacinamiento a nivel nacional de las URI, lo mismo que las estaciones de policía", dijo a periodistas el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora. (Columna: Las Farc niegan todos sus crímenes)

Según la legislación colombiana, la captura de un sospechoso debe legalizarse antes de las 36 horas de su arresto. Si un juez establece entonces que debe permanecer detenido, es enviado a un centro carcelario. Sin embargo, muchos siguen retenidos en sitios de paso.

"Casi el 50 % de las personas privadas de la libertad (en centros de detención temporales), ya tienen condenas ejecutoriadas", dijo a la AFP el abogado penalista de la Universidad del Rosario Francisco Bernate.

Otálora aseguró, por su parte, que "solo en Bogotá, el hacinamiento en las estaciones de policía ha superado el 200 %" e insistió en que los internos se encuentran "en la indisposición más que injustificada por la falta de acceso a la salud y a unas condiciones dignas". (Lea: ¿El Congreso le hace el ‘quite’ a la ley anti contrabando?)

El alcalde encargado de esta ciudad de casi 8 millones de habitantes, Ricardo Bonilla, también intervino al respecto y aseguró en rueda de prensa que la situación es "prácticamente de emergencia carcelaria".

"Operación reglamento"

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, anunció el traslado de más de 500 detenidos de la capital hacia distintas cárceles.

"Este fin de semana se hicieron 365 traslados y en el trascurso de la semana aspiramos a mover 150 personas más, y para las semanas que vienen tenemos también previstos otros movimientos con el fin de descongestionar las URI", dijo Reyes a periodistas.

La "operación reglamento", por la cual desde hace 5 meses guardias del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario de Colombia, INPEC, prohíben el ingreso de nuevos reclusos a prisiones ya en su máxima capacidad, ha empeorado la situación de las URI.

"En los centros penitenciarios en los que se ha ido levantando la 'operación reglamento' se estarán trasladando los restantes 1.200 internos que están en URIs en Bogotá", dijo Reyes en un comunicado. (Lea: Santos y el golpe de Estado permanente)

Como "síntoma de lo que podría ocurrir si no hay correctivos inmediatos", el defensor del Pueblo mencionó la fuga de 19 personas con medida de aseguramiento en las últimas horas en la capital y el amotinamiento e intento de escape de 60 internos en una URI de Barranquilla.

Unas 36 mil personas fueron privadas de libertad en el país en 2014, de acuerdo con un balance de la Fiscalía citado por el periódico El Tiempo este fin de semana.

De estas, según la Defensoría, 3.525 estaban detenidas en estaciones de policía, 1.601 de las cuales condenadas, mientras que 1.924 estaban sindicadas de algún delito.