El control territorial que tiene las Farc en varios municipios del Huila no es una simple especulación, es real, y así se evidenció nuevamente ayer, 10 de diciembre, en el corregimiento Valencia La Paz, del municipio de Íquira, hasta donde llegó un grupo de guerrilleros para patrullar por sus calles como si se tratara de la fuerza pública.

Habitantes de esa localidad han denunciado que desde que Gustavo Petro llegó a la Presidencia de la República con su política de la paz total este tipo de situaciones volvieron a registrarse en la zona, por lo que constantemente viven bajo la intimidación del grupo guerrillero que ha impuesto su ley.

Bajo zozobra

Las comunidades rurales del departamento del Huila aún no se acostumbran a tener que vivir nuevamente con la zozobra que produce la presencia del grupo guerrillero que, como si se tratara de una autoridad legítima, impone su mandato.

En municipios como Íquira, Teruel, La Plata, La Argentina, Algeciras, Campoalegre, Tello, Baraya y algunas áreas rurales de Neiva, sus habitantes están siendo carnetizados para obligarlos a realizar trabajos. Por si fuera poco, las Farc implementaron el ‘cobro de impuestos’ a comerciantes, estipularon horarios de funcionamiento de bares y comercio, en general, y restringen el tránsito de motocicletas en la noche.

Asesinatos

Uno de los flagelos que más preocupa a los habitantes del Huila son los asesinatos que vienen incrementándose en zonas en donde las Farc han vuelto a tomar el control. Tal es el caso de los campesinos José Antonio Medina Rocha, 67 años, y Héctor Fabio Martínez Calderón, 42, oriundos de la vereda Estambul de Íquira, quienes fueron asesinados el mes pasado con tiros en la cabeza y otras partes del cuerpo. Junto a los cuerpos se encontraron unos panfletos que se referían a un plan de “limpieza social contra violadores, ladrones, sapos, colaboradores del Estado y viciosos de Íquira y Teruel”.

Contra la fuerza pública

Otra de las estrategias de las Farc para ejercer control en el territorio huilense es obligar a la comunidad para que rechace la presencia de la fuerza pública. A través de panfletos y mensajes de WhatsApp, la guerrilla cita a la comunidad, especialmente a líderes sociales, para que, bajo amenaza, conformen guardias campesinas para expulsar a militares y policías que operan en la zona.

Las denuncias fueron confirmadas por el Ejército y la Gobernación de Huila.

“Las disidencias están presionando a los presidentes de juntas de acción comunal para que ellos movilicen a la población buscando sacar al Ejército”, confirmó Mauricio Muñoz, secretario de Gobierno Departamental.