El 8 de agosto de 2016, luego de 9 años de aplazamientos, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural anunció que no habría más prórrogas para que empezara a regir el Decreto 1500 de 2007.

A pesar de ser expedida en ese año, la norma tuvo 7 extensiones sucesivas, pues muchas plantas no tenían los recursos para adecuar su infraestructura según la reglamentación. (Lea: ¿Cómo incidirían los recortes del presupuesto del Invima al sector ganadero?)

Durante años, el gremio agropecuario reclamaba la norma para modernizar el proceso de beneficio y desposte de las especies bovina, porcina y aviar, entre ellos el presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos, José Félix Lafaurie Rivera.

El dirigente lo calificó como “una vergüenza” un nuevo aplazamiento después de que entró en vigor el 1500, argumentando que dicha decisión había generado grandes dificultades para el mercado cárnico y un riesgo latente para la salud de los colombianos.

Sin embargo, desde hace cuatro años, el Invima, en cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control (IVC), empezó a certificar las plantas que cumplían y las que no. (Lea: Cae número de plantas autorizadas provisionalmente bajo Decreto 1500)

En su último reporte, con corte al 31 de agosto de 2020, la entidad certificó 160 sitios entre plantas de beneficio, desposte, desprese y acondicionadores que cumplen los requisitos sanitarios del 1500, el Decreto 2270 de 2012 y resoluciones reglamentarias.

De estos, 106 establecimientos se dedican al faneamiento de bovinos, de los cuales 37 son plantas de beneficio o desposte, y los 69 restantes son acondicionadores a donde llega la canal, de los cuales algunos solo trabajan con bovinos o también con porcinos.

De otra parte, todavía hay 345 plantas que todavía están pendientes de la autorización plena bajo el Decreto 1500 y están operando provisionalmente. (Lea: Ningún establecimiento nuevo fue certificado por Decreto 1500 en los últimos dos meses)

Estos mataderos fueron cobijados bajo el Decreto 1975 expedido en octubre del año pasado, como respuesta a una petición de gobernadores y alcaldes que necesitaban una prórroga para adecuar las plantas que entraron al Plan de Racionalización de cada departamento.

Con esta norma, las empresas obtuvieron un plazo de 24 meses para tramitar y obtener los permisos requeridos para funcionar bajo la normatividad del Decreto 1500. Con el último listado publicado, el número de plantas pasó de 348 a 345.

Aunque las funciones de IVC se ralentizaron por la emergencia sanitaria, los funcionarios del Invima retomaron la labor, como se ve reflejado en el nuevo informe. Sin embargo, es claro que todavía faltan mayores esfuerzos para que todas las plantas se certifiquen y que aún falta un tiempo considerable para llegar a ese objetivo.