Un operativo interinstitucional ejecutado en tiempo récord evitó que invasores escalaran la ocupación ilegal en el C.I. La Motilonia de Agrosavia. El estratega de seguridad de Fedegán revela cómo el protocolo diseñado por esta entidad gremial ha bloqueado el negocio de los "tierreros", responsables del 73 por ciento de las invasiones en el país.

Como informamos en este medio, a las 2:30 de la mañana del pasado 3 de marzo, un grupo de 40 personas cortó los alambres que delimitan el perímetro del Centro de Investigación La Motilonia de Agrosavia en Codazzi (Cesar). Al amanecer, 50 familias ya estaban instaladas, incluyendo 12 menores y 8 adultos mayores.

Casi de inmediato, los ocupantes ilegales instalaron cambuches entre lotes experimentales de yuca y pastos resistentes a sequías. Inicialmente, los invasores aceptaron retirarse de manera pacífica, pero no cumplieron, lo que obligó que se usara la fuerza para poderlos desalojar. (Lea en CONtexto ganadero: Invaden finca de Agrosavia en Codazzi, Cesar)

La reacción efectiva de un comité interinstitucional evitó que las personas que allí se encontraban impidieran la ejecución de la acción policiva dentro de las primeras 48 horas de ocurrida la perturbación a la propiedad.

“Buscan que pasen 48 horas”

Fernando Murillo Orrego, estratega de seguridad de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), estuvo pendiente de la situación y ofreció una visión de lo sucedido, teniendo en cuenta la experiencia en este tipo de asuntos y las dinámicas para contrarrestar esta actividad ilegal que han dado resultados positivos a los productores bovinos.

El estratega aseguró que cuando se presentan invasiones, es imperativo seguir de manera estricta el protocolo legal establecido, como ocurrió en este caso, donde el despliegue efectivo del equipo jurídico de Agrosavia fue determinante para que el asentamiento irregular no sobrepasara las críticas 48 horas.

Murillo precisó que desde 2023 Fedegán implementó la estrategia Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, un modelo exitoso que articula ganaderos, autoridades locales y Fuerza Pública. (Lea en CONtexto ganadero: Ya van 129 Frentes Solidarios de Seguridad y Paz conformados en todo el país)

«Frente a un hecho de invasión de tierras, la actividad de los Frentes es efectiva, pues se articula el gremio ganadero no solo en lo local, sino también en lo regional y en lo nacional, para trabajar primero en que las autoridades atiendan el llamado del productor víctima de la invasión. Segundo, que se activen los protocolos de actuación, y tercero, que la institucionalidad en cabeza de los alcaldes se tomen las medidas de ley para llegar al predio y en un sistema de diálogo en menos de 48 horas se realice el desalojo voluntario”, explicó Murillo, cuyo equipo ha gestionado 53 desalojos exitosos en año y medio sin usar la fuerza legítima del Estado ni la violencia.

De acuerdo con el estratega, la mayoría de las personas que llevan a cabo este tipo de acciones no hacen parte del grupo de campesinos desposeídos y necesitados de tierras, sino de engranajes de estructuras delictivas que tienen una estrategia patentada y una estructura económica y legal que los sostiene.

“Estos delincuentes, denominados tierreros, son las mafias de las invasiones de tierras y no solo delinquen a través de esta actividad ilegal penada con hasta ocho años de cárcel, sino que también con falsas promesas estafan a una cantidad de gente a quienes utilizan para invadir”, señaló Fernando Murillo.

El oficial en uso de buen retiro fue más allá y aseguró que la presencia de niños y adultos mayores no es un hecho espontáneo. “Lo que buscan es que pasen las 48 horas con el fin de hacer parte de inmediato de un proceso administrativo que lo manejan los inspectores de policía y que normalmente no tiene solución en la mayoría de los casos. […] De ahí sigue el proceso judicial ante un juez que puede durar varios años”, advirtió el estratega de seguridad de Fedegán.

Finalmente, el general retirado exhortó a todos los ganaderos y empresarios del campo afectados por la delincuencia a presentar las denuncias y querellas según sea el caso, con el fin de activar los protocolos legales establecidos y evitar que la invasión se convierta en un problema de marca mayor, poniendo en riesgo el patrimonio y hasta la vida.