Este martes en la plenaria del Senado se realizará el segundo debate sobre la ratificación  de Colombia de su adhesión al Acuerdo de Escazú, un proyecto que podría afectar a los ganaderos

Será uno de los primeros proyectos que debatirá el nuevo Congreso que se posesionó el pasado 20 de julio y que cuenta con las mayorías a favor del nuevo gobierno de Gustavo Petro que se posesionará el 7 de agosto.

Este proyecto ya había sido archivado anteriormente por lo inconveniente que resultaba para el país pero han querido revivirlo y ya fue aprobado por mayoría en comisión y ahora le falta su paso por la plenaria del Senado y luego por comisión y plenaria de la Cámara.

De acuerdo con una nota del canal de youtube de Escuela Libertad, este tratado fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en el municipio de Escazú, Costa Rica y de los 24 países que lo firmaron solo 13 lo han ratificado.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves aseguró que durante su gobierno el país no ratificará dicho acuerdo pues entiende muy bien los graves problemas en seguridad jurídica y soberanía que traería. (Lea: ¿Sabe usted qué es el Acuerdo de Escazú y cómo afectará a la ganadería?)

Dicho tratado, según Escuela Libertad, va más allá porque todo se reduce al derecho al acceso a tres ámbitos: la información, la toma de decisiones, y la justicia.

El acceso a la información en asuntos ambientales se traduce en decisiones sobre el medio ambiente y en justicia ecológica. El abogado peruano Sergio Tapia afirma que el Acuerdo de Escazú se alinea con los insatisfechos apetitos de los intereses creados en busca de territorios y recursos naturales.

La Cepal hará las veces de Secretaría General y si un Estado incumple sus obligaciones podría ser demandado por otro Estado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el tribunal de las Naciones Unidas para las demandas entre Estados.

Al ser un tratado de derechos humanos se activa toda la jurisdicción internacional y le da competencia l sistema interamericano y a la Corte Internacional de Justicia, la misma que ha fallado en contra de Colombia y con la que se perdió el pleito con Nicaragua y que obligó a entregar 70.000 kilómetros cuadrados de nuestros mares.

El peligro de Escazú es la internacionalización, la sesión de la soberanía  por ser un tratado de derechos humanos. Su verdadera última instancia, agotado el derecho interno, es la corte interamericana. (Lea: Otra vez Escazú)

El Tratado aborda la gestión del territorio y traslada su competencia a los organismos internacionales. Jurídicamente Colombia es uno de los países de la región con mayor normatividad y desarrollo en asuntos ambientales por lo que este tratado internacional pudiera causar antinomia jurídica, entre muchos otros aspectos lesivos para nuestro ordenamiento

A este tratado se han opuesto diferentes sectores de la producción en Colombia ya que de aprobarse, los desarrollos minero-energéticos, agrícolas y en materia de infraestructura podrían verse demandados por otros países impidiendo el desarrollo de Colombia como Nación.

Sin embargo, la ministra de Ambiente entrante, Susana Muhamad, en declaraciones al portal Kienyke.com, señaló que “tenemos dos prioridades en el Congreso desde lo ambiental. Una es la ratificación del Acuerdo de Escazú y dos, la prohibición del fracking; son los dos temas de urgencia que quisiéramos impulsar con los congresistas”.

Indicó que “cuando usted tiene personas que están defendiendo un territorio, sean campesinos, sean indígenas, sean líderes sociales, sean miembros de juntas de acción comunal, pues están ya en una práctica ambiental. Nosotros nos proponemos lanzar dentro de los primeros 100 días una ruta de protección integral a los liderazgos sociales que defienden los territorios”.